Santander: compra de Popular ahorró a España hasta 36,000 millones de euros

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, que este jueves compareció en la Comisión de Investigación del Congreso español sobre la crisis financiera, defendió la compra de Banco Popular por Santander, señalando que esta operación "ha ahorrado al Estado entre 28,000 y 36,000 millones de euros según diversas fuentes".

A este respecto, el consejero delegado de Banco Santander recordó que el propio exministro de Economía, Luis de Guindos, admitió públicamente que si la crisis de Popular hubiera desembocado en un concurso de acreedores "el Fondo de Garantía de Depósitos no habría podido cubrir los 36,000 millones de euros en depósitos inferiores a 100,000 euros de los que disponía la entidad, por lo que el Estado tendría que haberse endeudado". Por ello, consideró que la intervención de la entidad evitó costos y ayudas públicas.

Álvarez citó también el informe de Deloitte, según el cual las pérdidas para los acreedores de Popular hubieran oscilado entre los 28,200 y los 34,100 millones de euros.

El CEO de Santander atribuyó los problemas de Popular a su baja rentabilidad y bajas perspectivas de mejora, factores que, según Álvarez, "hicieron imposible" para la entidad "levantar el capital necesario en los mercados que pudiera haber evitado su intervención y subasta con adjudicación posterior al Banco Santander".

Respecto a la resolución de la entidad por las autoridades europeas, Álvarez reconoció que estos procesos presentan el inconveniente de que "siempre falta información y tiempo", aunque defendió que se trató de un procedimiento comunitario "lógico" que se ajustó a la legalidad.

ACEPTAN QUERELLA

Por otra parte, el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional española admitió a trámite una querella de la Asociación de pequeños accionistas de bancos (Apabanc) contra el exdirector financiero de Banco Popular, Javier Moreno Navarro, por su participación en la elaboración de las cuentas que propiciaron el aumento de capital de 2,500 millones de euros que realizó la entidad en el 2016.

Según consta en el auto fechado el pasado 18 de junio, el Juez Fernando Andreu entiende "procedente" la admisión de la querella, ya que el informe anual de gobierno corporativo de Popular aportado por los demandantes "pone de manifiesto su participación en la elaboración de las cuentas de la entidad bancaria, aprobadas por el consejo de administración en su reunión de 25 de mayo del 2016, en la que se acordó el aumento de capital de Banco Popular Español".

La querella interpuesta por Apabanc, en representación de 16 titulares de acciones de Popular perjudicados por su venta al Banco Santander por un euro, se dirige contra los componentes del consejo de administración de Popular, contra el exdirector financiero Javier Moreno y contra los auditores José María Sanz Olmeda y Pedro Barrio Luis.

La asociación denunciaba un "delito continuado societario de falsedad contable" por la formulación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas de Popular desde el 2013, "sabiendo que no reflejaban la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados del banco". Asimismo, denuncia "el estado de insolvencia de la entidad" desde el 2015 y el consentimiento de actos de disposición por parte de los administradores "que no podrían llevarse a cabo".

Otro delito al que se refieren los querellantes es la utilización de las cuentas del banco en el 2013 para realizar emisiones de preferentes desde ese año, dos ampliaciones de capital y la influencia que tuvieron en todas las operaciones de compraventa de acciones desde el 2013.

La Audiencia Nacional recuerda en su auto que el objeto de la causa que se investiga es la ampliación de capital de 2,500 millones realizada por Banco Popular en mayo del 2016, así como los hechos acontecidos hasta la venta de la entidad en junio del 2017 a Santander, por lo que ha inadmitido la querella referida a los hechos que amplían dicho objeto de la causa.

Investigará a Javier Moreno al entender procedente la querella contra el ex director financiero, que también es la primera presentada contra él. El auto también admite las querellas contra Barrio, Martín, los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, los exconsejeros delegados Pedro Larena y Francisco Gómez y el exvicepresidente de Popular Roberto Higuera, entre otros exconsejeros.

Asimismo, se admitió a trámite la querella contra Unión Europea de Inversiones y su responsable Luis Herrando y contra Sindicatura de Accionistas de Banco Popular Español y su responsable Miguel Ángel de Solís Martínez Campos.