Las transferencias monetarias focalizadas y las pensiones no contributivas han beneficiado más a los hogares pobres de México, redirigirlas así en los nuevos programas sociales podría mejorar su función redistributiva, asegura el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El gobierno mexicano recientemente creó nuevos programas sociales para remplazar Prospera (el programa de inclusión social que estuvo vigente hasta el sexenio pasado); sería interesante volver a realizar un análisis en unos años para evaluar la eficacia de la nueva política de transferencias públicas”, consignó.

Frederic Lambert, autor de la actualización más reciente del blog oficial del FMI, titulado Cómo el Gasto Social en México Redujo la Pobreza y la Desigualdad del Ingreso, escribe que “la reorientación de los programas hacia los hogares más pobres mejoraría la función redistributiva de las transferencias públicas”.

Con estas observaciones, el FMI se convierte en el segundo organismo internacional, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que está abierto a conocer los alcances de la renovación de los programas sociales que está encauzando la actual administración.

La actualización del blog del FMI destaca que “una focalización adecuada —en los programas— es fundamental para maximizar el impacto de las transferencias sociales para reducir la desigualdad”.

El comentario del blog está basado en un documento de trabajo del fondo, divulgado en septiembre, titulado Inequidad en la Distribución del Ingreso y las Transferencias Gubernamentales de México. Ahí, explica que las pensiones no contributivas suelen ser útiles para reducir la pobreza y la desigualdad en la vejez.

Admite que “desalientan el empleo formal, las contribuciones al sistema de pensiones y al hacerlas universales, también benefician a los adultos mayores que sí cuentan con una pensión resultado de sus aportaciones, lo que también amplía la desigualdad de ingreso”.

En el blog, indica que su análisis “se limita al efecto estático de las transferencias sobre el ingreso de los hogares y no tiene en cuenta cambios dinámicos que pueden inducir los requisitos que exige el gobierno para poder acceder a determinadas transferencias”.