El Banco Internacional de Pagos (BIS, por su sigla en inglés), que dirige Agustín Carstens, aseguró que “existe margen para la aplicación de regulación al mercado de criptomonedas, si las autoridades lo estiman oportuno”.

Consignó que “los mercados de criptomonedas dependen para su funcionamiento de instituciones financieras reguladas, que están segmentadas por jurisdicciones, por lo que sí se encuentran dentro del radio de acción de la regulación nacional”.

Al interior del análisis “Regulación de las criptomonedas: evaluación de reacciones del mercado”, sostienen que “las autoridades tendrán que empezar por aclarar la clasificación regulatoria de las actividades relacionadas con las criptomonedas, utilizando para ello criterios basados en su función económica y no en la tecnología empleada”.

Refiere que “puede ser preciso volver a trazar las fronteras entre los distintos organismos reguladores nacionales, a fin de clarificar sus responsabilidades”.

En el análisis, establecen que “a menudo se cree que las criptomonedas operan fuera del alcance de la regulación nacional, pero en realidad sus valoraciones, volumen de transacción y bases de usuarios reaccionan con fuerza a las noticias sobre iniciativas de las autoridades reguladoras”.

“La repercusión depende de la categoría regulatoria concreta a la que se refiera la noticia: los sucesos sobre posibles prohibiciones generales de las criptomonedas o su sujeción a la legislación sobre valores son los que tienen un mayor efecto negativo”, expuso.

En tanto, las noticias sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo también suelen tener impacto negativo en su demanda y precio.

Mientras, “las noticias que apuntan al establecimiento de marcos jurídicos específicos adaptados a las criptomonedas y las ofertas iniciales de criptomonedas coinciden con fuertes avances en el mercado”.

ABC de regulación

De acuerdo con el análisis, las autoridades reguladoras pueden centrar la atención en la interoperabilidad de las criptomonedas con instituciones financieras reguladas, incluidos los bancos comerciales, las empresas emisoras de tarjetas de crédito y los mercados de valores.

Estas entidades reguladas permiten a las personas físicas convertir la moneda de curso legal en criptomonedas y viceversa.

El considerado banco de los bancos centrales dice que “las autoridades también pueden elaborar y aplicar normas relativas a la admisibilidad de criptomonedas y productos relacionados, como derivados o fondos cotizados (ETF) en mercados regulados”.

Considera que “las autoridades pueden aclarar la naturaleza jurídica de las criptomonedas, de las que dependen aspectos como la protección del consumidor, por ejemplo, el tratamiento del derecho de propiedad, los robos y las ventas abusivas, así como el uso minorista para identificar quién está legitimado para negociar con criptomonedas y en qué condiciones”.

En el estudio, que aseguran que se desarrolló de forma empírica, simplemente analizando las noticias sobre regulación de criptomonedas que se fueron presentando en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, se observa que hay repercusión importante en el precio de los criptoactivos.

Analizaron 42 noticias relacionadas con la interoperabilidad con entidades y mercados regulados. Cuatro de ellas relativas a la interoperabilidad de las criptomonedas con bancos, cuatro sobre fiscalidad, 20 acerca de decisiones sobre solicitudes de operación y 14 relativas a decisiones de cotización en ETF y derivados.