El sábado entraron en vigor en España dos nuevos impuestos, el que grava a los negocios digitales, más conocido como Tasa Google y aquel por el que tributaran las transacciones financieras, la Tasa Tobin.

Con estos gravámenes el gobierno español espera recaudar cerca de 1,800 millones de euros; sin embargo, las primeras liquidaciones se realizarán en julio, en el caso de la tasa Google, y en abril, la tasa Tobin.

Es destacar que estas tasas no tendrán una duración permanente, sino “transitoria”, pues su funcionalidad dependerá de que se llegue a un acuerdo sobre un impuesto digital mundial con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en cuanto a la tasa Google, y de un acuerdo con el G-20, para la tasa Tobin.

Gigantes tecnológicos

La tasa Google es un impuesto de 3% a todos los gigantes tecnológicos que reporten, como mínimo, ganancias por 750 millones de euros anuales. Las principales empresas que sufrirán el costo del gravamen son las dedicadas al comercio o prestación de servicios de manera online, como Google, Facebook, Amazon, Netflix y Spotify, entre otras.

Transacciones financieras

Por su parte, el gobierno español llegó a un acuerdo sobre un impuesto financiero, tasa Tobin, equivalente a 0.2% sobre las operaciones de adquisición de acciones de empresas que cotizan en Bolsa, cuya capitalización bursátil sea superior a 1,000 millones de euros. Entre las empresas que tendrán que realizar esta nueva tributación están: Repsol, BBVA, Santander, Iberdrola y Caixabank, entre otras.

Discriminación, dice EU

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) concluyó que los impuestos a los servicios digitales aprobados en España, Austria y Reino Unido son discriminatorios para las empresas estadounidenses e incompatibles con los principios de tributación internacional por lo que, a pesar de no adoptar ninguna acción específica en este momento, continuará evaluando todas las opciones disponibles.

“Cada uno de estos impuestos a los servicios digitales discrimina a las empresas estadounidenses, es incompatible con los principios vigentes de tributación internacional, y restringe el comercio estadounidense”.