El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 limitó los recursos hacia actividades productivas con efectos positivos en el crecimiento, el empleo y el bienestar, por lo que se anticipa que la inversión física tendría una nueva caída de alrededor de 5 o 6% real respecto al presupuesto 2019, estimó el sector privado.

Con el gasto aprobado, el Ejecutivo privilegia un beneficio a la población a través de programas asistenciales con el fin de reducir rápidamente la pobreza, aunque “es difícil ignorar el elevado contenido político electoral de este presupuesto, debido a las transferencias directas mediante las que operan los programas sociales prioritarios”, cuestionó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Señaló que mientras los proyectos de inversión emblemáticos, como son la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, no cuenten con estudios de rentabilidad social —como lo manda la ley de presupuesto— “no hay nada que indique que estimularán el crecimiento”.

Solucionar los problemas financieros del país y mejorar la distribución de la riqueza requiere recursos claramente productivos. “Es sabido que la reducción permanente de la pobreza requiere de la creación de empleos formales. Para ello, es a su vez necesario un gasto dirigido a la inversión productiva en infraestructura, el mejoramiento de los servicios que eleven el capital humano de la población, en salud y educación principalmente, así como el abatimiento de la inseguridad pública”, refirió el sector privado.

De acuerdo con el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la premisa del presupuesto debe ser la eficiencia en la asignación de los recursos, sobre todo en un entorno en que la debilidad de los ingresos probablemente prevalecerá en virtud de un crecimiento económico probablemente menor al proyectado en el Paquete Económico.

Mucha de la eficiencia del gasto reflejará hacia dónde se inclina la balanza, si a mantener un gasto asistencialista o atender las necesidades en materia de salud, educación y seguridad, puso en duda.

Al respecto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) indicó que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 permite confirmar las directrices fundamentales que desea ejecutar el presidente Andrés Manuel López Obrador: bienestar, energía y seguridad.

Sin embargo, si se busca acelerar el desarrollo del sector energético durante el segundo año de la actual administración, “será fundamental que las obras se ejecuten con el mayor contenido nacional posible y garantizando el pago oportuno a sus proveedores”, advirtió el organismo que dirige Francisco Cervantes. Para ello, es indispensable que se profundice la alianza con la inversión privada en el sector energético. En su conjunto, el presupuesto autorizado y la inversión de las empresas privadas pueden mejorar rápidamente las condiciones de un sector estratégico para el desarrollo industrial.

Ante la baja esperada en inversión física, el sector privado confía en que se complemente con el Plan Nacional de Infraestructura que está por presentarse, sinergia que será “muy relevante garantizar a un mayor ritmo de crecimiento y desarrollo”.

Mientras los programas sociales no cuenten con reglas de operación, padrones y objetivos claros y transparentes que los hagan evaluables, “es poco probable que dichos programas asistenciales tengan un efecto permanente o duradero en el bienestar social. Adicionalmente, más allá de que puedan elevar el consumo de la población, esos programas no parecen tener ningún efecto sobre la productividad, la inversión o el crecimiento”, expuso el CEESP.

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