En julio del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al Ejército hacerse cargo total de 49 aduanas terrestres y 116 aduanas marítimas, esta acción del Ejecutivo fue para reducir los supuestos actos de corrupción que han permitido la entrada de mercancías ilegales a la República, a través del contrabando.

Sin embargo, a casi un año de que la Fuerza Armada está de lleno en las funciones aduanales; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que derivado del robo y contrabando de combustibles automotrices existe un impacto en las finanzas públicas al primer trimestre del 2021 por 20,306 millones de pesos, concentrado en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Javier Oliva Posada, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en seguridad nacional, comentó que militarizar las aduanas marítimas, terrestres y aéreas era la única opción y el Presidente buscó la solución más rápida. 

Sin embargo, para el especialista, la mayor parte de la responsabilidad del robo de combustible, también conocido como huachicol, viene desde el interior de Petróleos Mexicanos (Pemex); es decir, desde la empresa productiva del Estado se filtra información a los delincuentes respecto a qué hora y qué día bajará la presión de los fluidos en los ductos de combustibles para que en ese momento perforen tuberías.

En este sentido, Oliva Posada comentó que falta liderazgo en Pemex porque no es un asunto únicamente del Presidente sino del titular de la empresa productiva del Estado, encabezada por Octavio Romero Oropeza, y de su estructura administrativa; además se debe de revisar a fondo las responsabilidades que tiene el sindicato de Pemex en la empresa petrolera, así como sucede en muchas otras dependencias.

Con respecto al modus operandi revelado por el SAT, en donde se extrae el combustible en el zona del Golfo de México, se traslada a mar abierto y después se reingresa al territorio nacional, a veces con pedimentos falsos, el especialista en seguridad consideró necesario destinar más recurso para embarcaciones militares y por tanto a la Marina porque la Constitución establece que es la responsable de resguardar las 200 millas marítimas mexicanas.

Tema de seguridad nacional

Raquel Buenrostro, jefa del SAT, explicó hace unos días en San Lázaro, durante una comparecencia, que el tema del huachicol no sólo es un tema de recaudación sino de seguridad nacional, y por lo tanto se necesita de un marco legal más fuerte para poder combatirlo eficientemente.

Ignacio Rivero Celorio, del Colegio de Contadores Públicos, mencionó que una fórmula para atacar el robo de combustibles tiene que ver con el tema electrónico y cómo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pudiera atrapar a los delincuentes por medio de las investigaciones que realiza.

“El SAT y Hacienda, junto a la UIF, han hecho bien en verificar a todas las personas que de alguna manera no están integradas en el sistema fiscal y que generan operaciones extraordinarias para realizar el huachicoleo”, comentó en entrevista Rivero Celorio.

En el caso de los pedimentos falsos de importación, la corrupción impera en algunos agentes aduanales que dan validez de la importación sin haber sido importado realmente y pareciera que el delincuente tiene la legalidad de la propiedad del combustible.

Asimismo, en el mercado negro existe la compra de combustible por medio de facturas falsas que emiten empresas perseguidas por el SAT, argumentó Rivero Celorio.

Invertir en seguridad

Por ello, es necesario invertir en tecnología especializada para reforzar la seguridad y tener las condiciones adecuadas y que a pesar de ser una inversión costosa, es necesaria; también, hacen falta inhibidores de llamadas, drones, softwares, chips de geolocalización en pipas transportadoras o en contenedores almacenantes, dijo Oliva Posada.

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