Proponen en el Senado blindaje del empleo ante  incapacidad por salud mental

En el Senado de la República se busca establecer la suspensión temporal se prestar el servicio y de pagar el salario en casos de incapacidad temporal derivada de padecimientos psicológicos para proteger el empleo de las personas. La iniciativa plantea que sea aplicada tanto para trabajadores del sector público como del privado que presenten afectaciones a su salud mental.

La propuesta de reforma promovida por el senador Virgilio Mendoza Amezcua, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pretende adicionar el artículo 42 Ter y la fracción XIX Ter del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el artículo 28 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE).

En el caso de la LFT, la iniciativa plantea adicionar el artículo 42 Ter sobre suspensión temporal cuando haya incapacidad temporal derivada de afectaciones a la salud mental. En el caso de los trabajadores no tendrán que prestar sus servicios y por parte de los empleadores, se supenderá la obligación de pagar el salario.

Las afectaciones deben estar diagnosticadas y certificadas por las instituciones de seguridad social o por personal médico autorizado, y el reconocimiento de dichas incapacidades estará sujeto a los procedimientos, términos y condiciones establecidos en la legislación de seguridad social correspondiente.

En el caso de la adición de la fracción XIX Ter del artículo 132, la propuesta promovida por el Partido Verde busca que se reconozcan y respeten las incapacidades médicas por afectaciones a la salud mental, de forma que los patrones se abstengan de imponer sanciones, discriminar o rescindir la relación laboral por dichas condiciones.

La propuesta de reforma reconoce que, aunque la salud mental es esencial en el derecho a la salud y el trabajo digno, en el país persisten vacíos normativos que reconozcan de manera expresa a las incapacidades laborales por afectaciones psicoemocionales, tales como la ansiedad, la depresión o el estrés laboral severo.

“El tratamiento jurídico de las afectaciones a la salud mental en el ámbito laboral presenta deficiencias estructurales que impactan directamente en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas trabajadoras (...) no existe una regulación clara”, subraya.

Propuesta contempla a burócratas

“Es frecuente que las personas trabajadoras enfrenten despidos, sanciones o afectaciones a sus condiciones laborales, derivadas de la imposibilidad de acreditar formalmente una incapacidad vinculada a su salud mental, o bien, de la negativa de los empleadores a reconocer dichas condiciones como causas legítimas de inasistencia”, destaca la propuesta. 

De ahí que la iniciativa también esté dirigida a los trabajadores al servicio del Estado; de esta forma, el proyecto plantea adicionar el artículo 28 Bis a la LFTSE, que garantiza el otorgamiento de licencias médicas por afectaciones psicológicas para trabajadores burócratas.

Las afectaciones deberán impedir el desempeño de sus funciones y ser certificadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Además, tanto dependencias como Estados reconocerán estas licencias como causa justificada de inasistencia sin afectar los derechos laborales, dar lugar a sanciones, despido o tratos discriminatorios.

En caso de que la iniciativa promovida por el senador Virgilio Mendoza Amezcua sea aprobada y tras seguir todo su proceso legislativo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se coordinará con las instituciones de seguridad social para difundir y promover su correcta aplicación.

Legislar sobre salud mental en el trabajo ayudará en políticas públicas

En la exposición de motivos de la propuesta del senador Virgilio Mendoza Amezcua, se destaca que la falta de un marco normativo sobre padecimientos de salud mental ha contribuido a tener un subregistro sistemático que encuadra a las afectaciones psicoemocionales bajo otras categorías médicas, lo cual también dificulta el actuar de las autoridades.

Agrega que la falta de una legislación clara genera obstáculos en la emisión de certificados médicos e incluso y la determinación del origen de la incapacidad, lo cual a su vez impacta en el acceso oportuno a prestaciones económicas y en especie.

“Este fenómeno distorsiona la información disponible y dificulta la formulación de políticas públicas adecuadas. Esta laguna normativa tiene efectos negativos en la productividad y en el entorno laboral, al no permitir una gestión adecuada de los riesgos psicosociales ni de las condiciones de salud mental de las personas trabajadoras”, puntualiza la iniciativa.

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que los riesgos psicosociales como el estrés laboral, impactan directamente en la salud de las personas trabajadoras y en el desempeño de las organizaciones.

Vale la pena señalar que esta no es la única iniciativa recientemente presentada en el Senado sobre salud mental. El senador Homero Davis Castro de Morena también busca una reforma a la LFT que, entre otras cosas, imponga la obligación patronal de capacitar al personal en prevenir y atender la salud mental de los trabajadores.