La marcha del domingo provocó una amplia discusión en calles y redes sociales sobre los problemas que enfrentamos. Si algo está claro, más allá de descalificaciones inútiles, es que nuestros problemas y retos son enormes y no se limitan al muro ni a las políticas migratorias racistas de Estados Unidos. La corrupción y la falta de autoridad del gobierno mexicano y no sólo a nivel federal nos restan confianza ante la amenaza externa?y agudizan en muchos la sensación de impotencia ante la fobia antimexicana de la Casa Blanca.

Urge, sin duda, exigir un alto a la corrupción y al dispendio de los recursos públicos y castigo a los culpables del uso del erario para fines personales, tanto en los estados como en la Federación. Sin ello, no puede pedirse confianza ya no se diga unidad a la población; tampoco puede esperarse que la inversión extranjera fluya ni que la diáspora mexicana en Estados Unidos confíe en nuestras autoridades. Tampoco habrá confianza ni posibilidades de mejor desarrollo mientras que persista la violencia extrema e impune que ha desgarrado a múltiples comunidades del país. Por ello es imprescindible un cambio de estrategia gubernamental y un reclamo claro de la sociedad, incluyendo a los sectores que se han beneficiado o han participado de la corrupción gubernamental, en cuanto a la política interior y exterior.

Mientras que el cáncer de la corrupción puede empezar a atacarse haciendo justicia en casos emblemáticos, una señal clara contra la violencia impune sería dejar de obstaculizar y distorsionar las investigaciones en torno a la desaparición de 43 normalistas en Iguala y restaurar un presupuesto, y sobre todo tener un programa claro, para la prevención de la violencia, incluyendo la violencia de género.

Otro problema, igualmente urgente, por sí mismo grave y que, aunado a los ya mencionados (principales, no únicos), puede ser explosivo, es el retorno forzado de cientos de miles de connacionales en los próximos años. Como se ha documentado en la prensa, ya sea como continuación de la política de Obama o en cumplimiento de las promesas de campaña del presidente imperial, se han dado fuertes redadas en distintas ciudades estadounidenses y se ha detenido a cientos de personas indocumentadas, incluso sin ningún antecedente penal o administrativo. Seguida de encarcelamiento y/o deportación, esta persecución continuará, mientras que le gane aplausos al presidente y los grupos económicos de allá no se le opongan con fuerza.

Aterradas, las comunidades latinas han empezado a tomar medidas para protegerse y organizarse, pero el miedo agudiza la clandestinidad y la vulnerabilidad. La mayoría de la diáspora indocumentada mexicana no quiere volver. Quienes migraron a Estados Unidos lo hicieron empujados por la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, la aspiración de vivir mejor. Se entiende entonces que volver a las mismas o peores circunstancias, agravadas por el contraste entre los salarios, las oportunidades educativas y la calidad de vida de allá y aquí, se les aparezca como un descenso al infierno.

Ante una amenaza tan clara como la que representan la xenofobia y el fascismo, no hay lugar para la inercia, ni bastan las relaciones públicas oficiales ni la sola solidaridad ciudadana. Como han exigido ya voces de migrantes, hacen falta hechos y no palabras. Urge, por ejemplo, un plan conjunto del gobierno y del empresariado, que tan nacionalistas se declaran, para preparar al país para ese regreso, que de hecho ya empezó.

La migración mexicana ha enriquecido al vecino y merece la oportunidad de fortalecer a México con su trabajo y su experiencia binacional. Es inaceptable que jóvenes con buena preparación tengan por única salida un call center, cuando pueden enseñar inglés o ejercer una carrera. No se le puede pedir a mujeres que han aprendido a vivir con más autonomía que regresen a soportar violencia, salarios precarios y peores condiciones de vida que las de allá.

México supo integrar a exilios diversos. Ante este enorme reto, es obligación ciudadana exigir acciones concretas y participar en la construcción de un futuro mejor para las personas retornadas y para todas y todos los habitantes de este país. No tenemos otro.