II

La declaratoria de la alerta de violencia de género (AVG) por agravio comparado en Veracruz representa un avance para las organizaciones que buscan la igualdad de derechos para las mexicanas y puede sentar un precedente para la defensa de los derechos de las mujeres en otros estados. Su impacto dependerá del compromiso contra la violencia de género que demuestre con hechos el nuevo gobierno, y de la capacidad de exigencia de la sociedad civil. Como en otros casos, las recomendaciones para prevenir y sancionar la violencia feminicida son amplias, exigen recursos y coordinación. Al mismo tiempo, son insuficientes ya que abarcan sólo 11 municipios cuando el problema es estructural e institucional, una de las fallas recurrentes en las declaraciones de AVG.

La AVG por agravio comparado puede solicitarse cuando hay evidentes desigualdades en las leyes o en la política pública entre estados respecto a un mismo asunto. En el caso de Veracruz, Equifonía AC y las demás organizaciones peticionarias enfatizaron la violación de los derechos humanos de las mujeres, en particular de sus derechos sexuales y reproductivos. Además de que el código penal patologiza el aborto al imponer un tratamiento médico a quienes abortan, los servicios de salud no cumplen con la norma para atender a víctimas de violencia familiar y sexual (NOM-046), exigen denuncia previa para acceder al aborto por violación cuando ya no es necesaria, y así revictimizan a las mujeres. También maltratan y hasta criminalizan a quienes acuden al hospital a consecuencia de un aborto, aunque sea espontáneo.

Este tipo de prácticas es sólo un ejemplo de la violencia institucional y del doble agravio que significa no aplicar una ley que debe garantizar los derechos de una víctima. El incumplimiento de la NOM-046 implica negar servicios de emergencia a una víctima de violación, desde retrovirales hasta el acceso al aborto a niñas y mujeres violadas. En un estado con altas tasas de violencia sexual y feminicida, esta transgresión es aún más grave. La solicitud de AVG frenó la iniciativa antiderechos que entonces se discutía en el Congreso. Sin embargo, como señalé la semana pasada, la iniciativa enviada por Javier Duarte para garantizar el derecho a la vida fue aprobada al vapor en agosto del 2016. Paradójicamente, un gobernador y un Congreso negligentes ante las altas tasas de homicidio, feminicidio y desapariciones, se preocupaban por el más fundamental de los derechos , pero sólo para el cigoto-embrión y sin considerar la bioética ni los derechos de las mujeres. Esta reforma añadió un factor más a la evaluación de la AVG cuando el grupo de trabajo analizó el grado de cumplimiento de las recomendaciones que había recibido el gobierno en la primera fase de la alerta.

Los informes que evalúan la solicitud de AVG (abril 2016) y sustentan que ésta se declare (noviembre 2016), dan cuenta de la gravedad de la violencia contra mujeres y niñas y de la negligencia y omisión del gobierno en materia de género, derechos humanos y salud. Según las recomendaciones, el gobierno debía tomar medidas para prevenir y sancionar la violencia de género, así como capacitar al personal en la aplicación de la NOM-046. Al cabo de seis meses, poco había cambiado, por lo cual se declaró la AVG. Tocará al gobierno actual cumplir con las recomendaciones que, en esta segunda fase, incluyen también la despenalización del aborto hasta la decimosegunda semana, para equiparar la legislación con la de la Ciudad de México.

Esta última medida es sólo una de las que requieren con urgencia las veracruzanas para ejercer sus derechos en igualdad. Como prueban 10 años de experiencia de la Ciudad de México, la despenalización del aborto contribuye a mejorar la vida, la salud y el bienestar de las mujeres. Sin embargo, urge también poner fin a la violencia feminicida que los gobiernos veracruzanos han propiciado y tolerado.

Aclaración: la AVG por feminicidio se solicitó en Veracruz en el 2015 pero no se concretó; lamento la confusión en la columna anterior.

lucia.melgar@gmail.com