La Ley General de Cultura y Derechos Culturales incluyó la obligación de otorgar vales para incrementar el acceso a la cultura. ¿Debemos espantarnos o festejar?

Y cuando despertamos, el artículo 8 estaba ahí: La Secretaría de Cultura coordinará y promoverá el programa de asignación de vales de cultura con la participación del sector social y privado, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, para incrementar el acceso a la cultura de los sectores vulnerables .

El gobierno se propone gastar dinero cuando dice que no lo tiene. Los legisladores reclaman los recortes a la naciente secretaría, pero le enciman más responsabilidades presupuestales y burocráticas sobre un maltrecho ramo. La Secretaría de Hacienda no quiere moverse un ápice para ampliar los incentivos fiscales a las inversiones en el sector. Un Estado benefactor en todos los bienes, servicios y productos culturales que genera agregará otra modalidad de subsidio. En las entidades federativas viven un drama inenarrable por el retiro de los fondos piso , no tienen liquidez, pero les endilgan su suerte de bono para los más vulnerables. El vale entrará en operación en el 2018, año electoral, meses de clientela política.

En el largo alegato para justificar la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que se aprobó en días pasados, no hay una línea que explique la decisión. No aparece el tema en ninguna de las diferentes iniciativas de ley que se propusieron. En el penúltimo documento que circuló en el Congreso, el artículo 8 hablaba de garantías para el acceso a los derechos culturales. Tampoco hay registro de discusión pública al respecto. Solo el senador Manuel Bartlett reprochó en tribuna la medida. Nadie asume la paternidad de la importación del modelo que, por lo demás, ha deambulado como fantasma en nuestro medio desde que lo implementó Brasil hace algunos años. También se aplica en países europeos como España, Holanda y Alemania.

En su esencia, el vale es dinero público para estimular el consumo y el mercado. Es un medio fundamentalmente urbano. Te dan para que gastes en una serie de bienes, servicios y productos, ya sean ofertados por los propios gobiernos o por particulares. Ejercicio libre de elección a través de una tarjeta (impensable que sea un papel) en la que se deposita mensualmente una suma (acumulable y sin vencimiento). Hay casos en los cuales una cantidad que la persona aporta a su tarjeta, digamos 20 euros, el gobierno los convierte en 35. Si se acaba el vale cuando vas a pagar, puedes dar la diferencia para que no te quedes con las ganas del espectáculo. Se sabe que algunas empresas manejan vales de cultura como de despensa y los deducen en sus declaraciones de impuestos.

En nuestra geopolítica, ¿estamos ante la vertiente del programa Prospera Cultura? ¿La Secretaría de Cultura hará una licitación pública para adjudicar el diseño y control de un programa de muchos millones de pesos con su valiosa base de datos? ¿La secretaría se enredará con la Sedesol para determinar quiénes, de las muchísimas personas en vulnerabilidad, serán las elegidas para 250 o 300 pesos mensuales para gastar en la librería de Sanborns, en Cinépolis, en Spotify, en los ya subsidiados servicios que brinda el Estado? (que igual sería la oportunidad de hacerlos totalmente gratuitos). ¿Qué empresas culturales lucharán por llevarse esos fondos? ¿El gobierno obligará a universidades y fundaciones a poner su parte en el bono? ¿Cómo podremos saber si el acceso a la cultura requiere de vales, además de ser un derecho? ¿Es lo mismo entregar leche que instrumentos musicales? La ineficiencia de la ley de cultura apenas comienza.