El feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, encontrada asesinada en Ciudad Universitaria el 3 de mayo, es una prueba más de la misoginia letal que enfrentan mujeres y niñas en nuestro país. Como si ese hecho ominoso no bastara, la manipulación de la información sobre el caso por parte de la Procuraduría capitalina y su reproducción, con algunas excepciones, en los medios, amplificaron el mensaje de odio e intimidación que conlleva todo feminicidio.

Denigrar a la víctima, como lo hizo la PGJ capitalina a través de tuits mentirosos acerca de su ocupación, estudios y actividades anteriores a su muerte, no es un mero grave error que se enmienda con borrar los mensajes, como pretendió el procurador, tras una tormenta de protestas en redes. Revictimizar a las víctimas de feminicidio, violación y homicidio es un vicio estructural de una institución que no cumple con su obligación de respetar protocolos, investigar, esclarecer y sancionar los delitos. No olvidamos el oprobioso manejo del multifeminicidio de la colonia Narvarte en el 2015 ni el maltrato cotidiano que sufren las víctimas de violación en los MP. Las autoridades de esta ciudad tan amigable para las mujeres les regalan silbatos para prevenir el acoso, pero violan ellas mismas los derechos humanos de muchas.

Mientras las propias autoridades violan los protocolos de investigación, los medios han demostrado una vez más su falta de ética. Con la inercia acostumbrada, en vez de informar acerca del feminicidio de Lesvy, reprodujeron la desinformación oficial. ¿Por qué difundir rumores, falsas noticias, comunicados oficiales mentirosos? ¿Para tener una nota? ¿Cualquiera?

La descalificación y envilecimiento de las víctimas de la violencia en México no es nueva. Podríamos remontarnos a la guerra sucia, al 68 o más atrás. En el caso de las víctimas de feminicidio, basta con recordar la actitud de autoridades y medios desde los inicios de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. El ensañamiento con las víctimas, sus familiares y defensoras se ha denunciado, una y otra vez, con pocos resultados pese a la creciente indignación ante la repetición de infamias, la negligencia de autoridades, la impunidad, el amarillismo, sexismo cristalizado en encabezados y fotografías que multiplican la exhibición pública como desecho de la mujer o niña asesinada y normalizan la violencia.

Los medios tienen la obligación de informar, de poner en contexto, de cuestionar la versión oficial. Si carecen de protocolos de ética en cuanto al tratamiento que deben dar a las víctimas de feminicidio, basta con que consulten la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su artículo 38 explicita que los medios no deben fomentar la violencia?contra las mujeres y que, por el contrario, deben contribuir a erradicarla.

Esto implica no cosificar, no sexualizar a las mujeres, como lo hace la publicidad; no descalificar y burlarse de ellas, como lo hacen conductores de radio; no difundir imágenes que normalizan la mercantilización del cuerpo femenino y la saña machista que mata a mujeres y niñas, como lo hacen periódicos, revistas y televisión.

La lista de acciones que, conforme a esta ley, deberían evitar los medios y a diario reproducen es larga... La misoginia y la violencia machista, lo mismo que el racismo y el clasismo no son errores de los medios sino fallas estructurales. ¿Por qué los tolera la Secretaría de Gobernación si, según esta misma ley, debe sancionarlos?

Indignadas por el feminicidio de Lesvy y por el intento de asesinato moral de autoridades y medios, miles de mujeres reaccionaron imaginando lo que las buenas conciencias oficiales y mediáticas usarían para denigrarlas si las mataran. Poderosa acción colectiva, la denuncia #SiMeMatan es una inquietante radiografía de la situación de las mexicanas ante un Estado feminicida, unos medios cómplices, y una sociedad que sigue tolerando actos, imágenes y palabras que degradan y asesinan.