La impunidad es un obstáculo a la seguridad, desarrollo y bienestar de la sociedad. Implica ausencia de castigo a los culpables de delitos y violaciones a derechos humanos y, en consecuencia, la sensación de superioridad ante la ley de criminales mayores y menores que se creen intocables, como han señalado la CICIG en Guatemala, el equipo que construyó el Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas de Puebla, o los expertos del Grupo Interdisciplinario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que examinó el caso de Ayotzinapa.

La impunidad no es preocupación exclusiva de expertos en justicia y seguridad. Afecta a la ciudadanía atacada por el crimen organizado o desorganizado, o enfrentada a la violencia institucional cuando denuncia. Perjudica también a quienes no son víctimas del delito pero atestiguan día a día la proliferación de violencias, los abusos de la autoridad y la ausencia de justicia. ¿Qué esperar de un Estado que no previene, investiga ni castiga desapariciones, feminicidios, homicidios, violaciones, abuso sexual o trata de personas? ¿Cómo creer en la viabilidad de la convivencia ciudadana, ya no digamos en el Estado de Derecho, ante la creciente violencia impune?

La lacra de la impunidad es tema recurrente en estudios sobre seguridad, derechos humanos o feminicidio en México. Nuestro país se ubicaba en el lugar 58 de los 59 países evaluados en el índice de impunidad de la UDLAP en el 2015, entre Colombia y Filipinas. Las cifras varían pero coinciden en que los delitos (denunciados) que no se castigan, sin contar la cifra negra, superan 90 por ciento.

La impunidad favorece la normalización de la violencia y la expansión o repetición del delito, no porque la violencia sea una epidemia , como sugiere la OMS, sino porque la falta de castigo a delincuentes y funcionarios omisos (cómplices en este sentido) equivale a un mensaje de permisividad. Si no se castiga el feminicidio, si en un caso de divorcio el exmarido puede secuestrar a los hijos y enviar a la madre a la cárcel bajo cargos falsos, si en un caso de violación se culpa a la víctima por haber bebido o se exculpa al acusado porque no buscó placer , el mensaje para agresores directos y potenciales es que al sistema no le importan estos actos, que los puede tolerar o que, incluso, como ha sucedido desde 1994 con el asesinato de mujeres, los justifica o niega.

En días recientes hemos visto que la reacción social puede impedir que se tuerza por completo la justicia y se normalice una aberración jurídica más, como en el caso de Daphne Fernández en Veracruz o el de Gabriela Molina en Yucatán. Sin embargo, la suspensión de un juez o la detención de unos sospechosos no basta. Ese juez en particular puede ser considerado misógino, carente de perspectiva de género o sentido común, pero no es excepción. Tampoco lo es la omisión o colusión de autoridades que permiten el secuestro de menores y obligan a las madres a luchar por recuperarlos, poniendo en riesgo su vida.

La impunidad y ausencia de justicia no se deben a ignorancia o, en estos casos, a mera misoginia. Profesionalizar -que no sensibilizar - en perspectiva de género a todo el aparato de justicia puede contribuir a que algunos hagan mejor su trabajo; pero, mientras no haya un cambio estructural, tendrá resultados limitados. La impunidad en México es sistémica. Se da y reproduce a través de un sistema de complicidades que incluyen a delincuentes, funcionarios y políticos, como ha explicado González Rodríguez acerca del feminicidio. No se explica de otra manera la falta de sanción del crimen y de los funcionarios que la han permitido o propiciado.

La tarea de buscar justicia no debe corresponder a las familias de mujeres asesinadas, desaparecidas o violadas; corresponde a la autoridad. Hacer justicia y no sólo sancionar la violencia, sino prevenirla, es obligación -no amable favor- de las autoridades. Ante el oprobio de la injusticia institucionalizada, toca a la sociedad exigir el desmantelamiento de este sistema.

lucia.melgar@gmail.com