¿Podemos imaginar el terror y dolor de un niño ante cuyos ojos matan a tiros a su madre? ¿El miedo y desesperación de colegas que, con o sin hijos, leen en esa muerte un aviso para otras, tal vez de ellos mismos? La experiencia del horror, cada vez más frecuente en nuestro país, golpeó de nuevo al gremio periodístico y a la sociedad de Chihuahua. El que asesinatos y amenazas a la prensa se acumulen sin cesar no puede aceptarse como un hecho más de la vida pública en un país asolado por la violencia y la impunidad.

Miroslava Breach, asesinada en Chihuahua el jueves 23, es la tercera víctima del miedo a los periodistas críticos que, en menos de un mes, acabó también con la vida de Cecilio Pineda en Guerrero y de Ricardo Monlui en Veracruz. Cuando cumplir con el trabajo, comprometerse con el oficio, implica riesgo de muerte; cuando buscar la verdad pone en peligro, cuando denunciar crímenes, saqueos y colusiones obliga a ser valiente, algo está podrido en la sociedad. Y esa putrefacción no remite tan sólo a los autores intelectuales y materiales de amenazas y crímenes, implica también a las autoridades, coludidas, omisas o indiferentes, y afecta a una sociedad cada vez más tolerante ante el ascenso de la violencia y la persistencia de la corrupción.

Las crónicas y reportajes de Miroslava Breach, periodista de El Norte de Ciudad Juárez y corresponsal de La Jornada, han dado a conocer la historia terrible de un estado que puede verse como laboratorio de la violencia y la impunidad. Chihuahua ?no es el único territorio en gran parte devastado por la violencia, pero es sin duda un ejemplo de los efectos de la acumulación de crímenes impunes, de malas o nulas estrategias de seguridad ante crimen común u organizado, de nefastas e irresponsables políticas federales, como la llamada Guerra contra el narco, de corrupción rampante y de negligencia o complicidad por parte de quienes deberían garantizar el Estado de Derecho y los derechos humanos de todas las personas.

Desde el feminicidio, que las autoridades locales se empeñaron en negar y las federales se limitaron a administrar, hasta el despojo de tierras en la Sierra Tarahumara por parte de criminales dedicados a la tala ilegal o la siembra de drogas, o por la minería, pasando por la corrupción de los gobernadores, cada vez más desmesurada, hasta culminar con la denuncia de la imposición de autoridades municipales por el crimen organizado en la entidad, Breach cubrió los principales problemas sociales y políticos, dio voz a las víctimas, puso por escrito lo que la gente sabía y decía, pero rara vez, o nunca, se atrevía a denunciar.

En el 2009, en relación con el caso del Campo algodonero, que sacó a la luz en su mayor horror el feminicidio en Ciudad Juárez, ?la Corte Interamericana de ?Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano era responsable de esos crímenes por omisión y negligencia: sabiendo la violencia que sufrían las mujeres, no había hecho nada y así había permitido una situación de violencia sistemática contra ellas. Ante 123 asesinatos de periodistas desde el 2000, ¿qué ha hecho el Estado? Callar, mirar de lado, minimizar, como ante el feminicidio.

Más allá de posibles complicidades, en este y todos los demás casos, el Estado tiene la obligación de garantizar la vida y la seguridad de quienes ejercen el periodismo y de castigar a quienes los agreden o matan. Aunque no le guste o no le convenga, es su obligación garantizar el derecho de las y los periodistas a informar y el de la sociedad a ser informada.

Estos crímenes también nos agravian. Atentan contra nuestro derecho a saber qué pasa en nuestro país, quiénes son los criminales y quiénes los protegen, los porqué y las consecuencias del feminicidio, la trata, el juvenicidio, el narcotráfico, el despojo, el desplazamiento forzado o la desaparición... El derecho a la verdad es un derecho que nos toca defender, exigir y ejercer. La indiferencia o la omisión de hoy pueden ser, si no, nuestra propia condena mañana.

Sin prensa crítica, sin libertad de expresión, no hay libertad.