En estos tiempos de fervor nacionalista conviene mirar hacia nuestra propia sociedad, valorar nuestras riquezas y captar la dimensión de nuestras fallas. Sí, México es un gran país, con una historia milenaria, fabulosas bellezas naturales, una sociedad pluricultural y núcleos de ciudadanía activa y crítica; es también un territorio explotado por propios y ajenos intereses que violan el derecho a un medio ambiente sano, al respeto a las comunidades y sitios sagrados, a un trabajo digno. México tiene en su juventud y niñez un gran potencial humano en el cual fincar un futuro mejor. Desde hace décadas, lo dilapida y envilece con una educación mediocre y obsoleta, que no prepara para el mejor empleo, ni enseña a pensar de manera crítica y que, según la OCDE, a muchos no les sirve ni para entender unas sencillas instrucciones.

Es larga la lista de obstáculos que, por acción u omisión, imponemos a nuestra sociedad pero ante la indignación que causan las políticas migratorias del vecino del norte, cabe examinar también la actual política mexicana hacia el otro . México ha sido tierra de esperanza para muchos perseguidos: los exilios español y conosureño, entre otros, así lo recuerdan.

Hoy en cambio, cientos de miles de centroamericanos viven la travesía por nuestro país como paso por el infierno. Así lo han reportado desde hace años numerosos documentales, testimonios, reportajes y reportes sobre derechos humanos y así lo caracterizan los niños perdidos , cuyas voces recoge Valeria Luiselli en un magnífico ensayo (2016), y notas de prensa recientes acerca de la crisis de la migración infantil.

De cualquier lado que se mire, la crisis de derechos humanos es innegable: México no aplica en su territorio los lineamientos que demanda o dice demandar a su vecino. Por el contrario, le hace a aquél el trabajo sucio de deportar a miles de personas cada año, aunque se trate de posibles asilados o refugiados: Peor aun, deja que aquí le sucedan a hombres, mujeres y niños ataques y hasta atrocidades casi inimaginables que quedan impunes.

La crisis humanitaria que representa el agravio constante a la población centroamericana, cubana y ahora haitiana que migra en busca de una vida mejor no es nueva. ¿Quien no recuerda la masacre de San Fernando en el 2010? Lo nuevo, y sólo hasta cierto punto, es la presencia de miles de niños, niñas y adolescentes que viajan solos, ya sea para unirse con sus familiares o para escapar de éstos o de las maras que destruyen sus barrios. Como bien documenta Luiselli, hay niños y jóvenes que huyen porque se negaron a ser reclutados por las pandillas y niñas y adolescentes que salen para evitar ser violadas, asesinadas o también reclutadas.

Como si ese sufrimiento no fuera suficiente, menores de Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan nuevas agresiones, incluyendo una violencia sexual tan normalizada que niñas y adolescentes recurren a anticonceptivos para evitar el embarazo por violación. Sin contar robos, extorsiones, secuestros, golpes, insultos y malos tratos por parte del crimen organizado, de la delincuencia común y de las autoridades encargadas de hacer respetar la ley y de garantizar un trato humano a quienes caen en sus manos.

Quien justifique esto porque hay que frenar cruces ilegales no puede, en estricta justicia, denunciar el maltrato que sufren los mexicanos en Estados Unidos ni las políticas racistas hoy en boga. Si en México no respetamos y reivindicamos el derecho a migrar; si a diario se viola el derecho de asilo; si continúa la indiferencia oficial ante los refugiados y desplazados por la pobreza o la violencia , ¿con qué autoridad moral puede reclamarse respeto hacia la población mexicana indocumentada, de pronto descubierta por quienes años y años la despreciaron?

Es legítimo y urgente exigir que Estados Unidos respete la ley y los derechos humanos; hay que oponerse a los discursos de odio y a los impulsos xenófobos que han cobrado auge en estos días. Urge también ser autocríticos y tratar a nuestros vecinos del sur como queremos que nos traten los del norte.

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