La amenaza de acelerar la deportación de millones de personas no documentadas que ha reiterado la Casa Blanca y se va concretando en actos arbitrarios por parte de policías y autoridades migratorias de EU representa un enorme reto para los gobiernos de México y Centroamérica. Más allá del derecho de un país a hacer valer sus leyes migratorias, el arresto y deportación de personas significan graves violaciones a los derechos humanos a las que es preciso oponerse con firmeza, instrumentos jurídicos y recursos.

Uno de los casos que han dejado en claro el afán de aterrorizar e imponer el uso de la fuerza más allá de la legalidad, es el arresto de Daniel Ramírez Medina, joven protegido por el Acta de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia, a quien no sólo se detuvo sino se acusó de pertenecer a una pandilla por el simple hecho de llevar un tatuaje, práctica común entre muchos jóvenes. Si creíamos que el nuevo gobierno iba a respetar el decreto que dio autorización a casi un millón de jóvenes para estudiar y trabajar en Estados Unidos por un periodo determinado, este arresto enciende un foco más de alarma.

¿Qué hará México para proteger a cerca de 400, 000 Dreamers que han crecido y se han formado en el Norte, algunos de los cuales cursan estudios superiores en universidades de mayor o menor prestigio? ¿Cómo va a garantizarles educación y trabajo a la altura de sus expectativas y talentos cuando sean obligados a volver a un país que ya no es el suyo? No basta con que las universidades mexicanas se dispongan a abrir sus puertas, pese a sus limitados recursos. Hace falta simplificar los trámites para la revalidación de estudios que hoy es complicada y costosa, aun para quienes no llegan en situación de emergencia. Por no mencionar los fondos necesarios para su manutención. ¿Y qué empleos les ofrecerá un país en crisis donde la juventud enfrentan un mercado laboral estrecho y precario?

Si este reto administrativo y financiero es ya significativo, la deportación masiva conlleva otras muy graves consecuencias para miles de familias. Pensemos en quienes tuvieron hijos en Estados Unidos y no los registraron ante las autoridades mexicanas. Para ese país, son ciudadanos suyos y no pueden deportarlos. Ya hay casos en que se ha separado a hijos e hijas de sus padres, con lo que se violan los derechos humanos de todos ellos. Si los hijos son menores de edad pueden ser empujados al sistema de familias de acogida o a la adopción.

El desgarramiento familiar ya ha afectado y afecta a los ciudadanos de Estados Unidos con consecuencias espeluznantes: en Dakota del Sur, por ejemplo, el Estado ha arrancado a más de 700 menores al año a sus familias, falsamente acusadas de negligencia . Niños y niñas son enviados a familias de acogida o adoptivas, generalmente blancas, por lo que puede hablarse de genocidio o etnocidio. La discriminación y la violación de derechos humanos son flagrantes.

Arrancar a menores de sus familias con artimañas legaloides viola el derecho de madres y padres a cuidar de sus hijos e hijas y el derecho de éstos a vivir y crecer con su familia. La ciudadanía o el supuesto bienestar del menor no pueden justificar transgresiones comparables, sin exageración, con las de gobiernos dictatoriales. El régimen franquista robó niños de los vencidos para recluirlos en instituciones religiosas o darlos en adopción so pretexto de evitar que crecieran como rojos . El robo de infantes por la dictadura argentina es otro ejemplo de actos de barbarie que atentan contra el derecho, la ética y la moral.

Ya se ha acelerado la urgente tarea de registrar a los descendientes de migrantes indocumentados que no tienen todavía la nacionalidad mexicana. No obstante, hay que prever largas y costosas batallas legales para re-unir a las familias que no cuenten con esta protección.