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Feminicidio en México: La nueva ley que busca cambiar cómo se investigan estos crímenes
La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Fiscalía General de la República propone un modelo nacional obligatorio con perspectiva de género para cerrar brechas en la investigación y combatir la impunidad.
“Hablar de feminicidio no sólo es hablar de cifras o de normas jurídicas, es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia”, afirmó Ernestina Godoy, la Fiscal General del país durante la presentación de una iniciativa que busca hacer modificaciones legislativas en materia de feminicidios.
El 2025 cerró con un promedio de 2 feminicidios registrados cada día, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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Una cifra menor que en años anteriores, pero todavía muy alarmante. Adicionalmente, este promedio deja fuera a los feminicidios que no se investigan como tal porque son clasificados en otra categoría, además de los feminicidios que no se denuncian.
En este contexto, el gobierno federal presentó este martes una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio, con la que busca transformar de fondo la forma en que estos delitos se investigan en todo el país de manera homologada y con perspectiva de género.
El proyecto busca corregir fallas estructurales que han obstaculizado el acceso a la justicia de las niñas, adolescentes, mujeres y sus familias.
¿De qué va la iniciativa?
La propuesta establece un marco nacional único para atender el feminicidio en todas sus etapas: prevención, investigación, sanción y reparación del daño. Uno de sus ejes centrales es la obligatoriedad de aplicar la perspectiva de género en todas las investigaciones, desde el primer momento en que se inicia una carpeta.
Se contemplan nueve razones de género para considerarse feminicidio: violencia sexual; lesiones infamantes; antecedentes de violencia; existencia de una relación sentimental; amenazas o acoso previo; incomunicación de la víctima; exhibición del cuerpo y se agregan: delito cometido por estereotipos o prejuicios y existencia de asimetrías de poder.
Además, contempla penas más severas, de hasta 70 años de prisión, así como la tipificación más clara del delito y sus agravantes. También incorpora sanciones para la tentativa de feminicidio y limita beneficios legales para los agresores en ciertos casos.
El objetivo, de acuerdo con lo expuesto por autoridades federales, es evitar que los casos sean mal clasificados o que se investiguen sin considerar el contexto de violencia de género, una práctica que ha sido señalada de forma recurrente por organizaciones civiles.
Los cambios clave: una metodología nacional
Uno de los cambios más relevantes es la creación de una metodología homologada de investigación que será obligatoria para todas las fiscalías del país. Esto implica que, sin importar la entidad donde ocurra el crimen, las autoridades deberán seguir los mismos lineamientos.
Entre los principales puntos destacan:
- La aplicación obligatoria de protocolos con perspectiva de género.
- Criterios unificados para la recolección de evidencia y preservación de la escena.
- Coordinación entre autoridades federales y estatales.
- Atención integral a víctimas indirectas, como familiares.
La iniciativa busca eliminar la fragmentación actual, donde cada estado investiga de manera distinta, lo que produce resultados desiguales y altos niveles de impunidad.
¿Cómo se investigan hoy los feminicidios?
En el marco legal vigente, el feminicidio está tipificado en el Artículo 325 del Código Penal Federal, que establece penas de 40 a 60 años de prisión. Sin embargo, su investigación recae principalmente en fiscalías estatales, lo que ha derivado en importantes diferencias en capacidades, recursos y criterios, conforme a lo establecido en la legislación federal vigente.
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y protocolos ministeriales, las autoridades deben aplicar la perspectiva de género y considerar las causales de género de manera generalizada, sin embargo, su implementación depende de cada entidad.
Algunos de los principales obstáculos para la justicia en materia de feminicidios en el sistema actual son: falta de homologación en protocolos de investigación, reclasificación de feminicidios como homicidios dolosos, omisiones en la incorporación de perspectiva de género, desigualdad en capacidades institucionales entre estados y reducción de la cifra negra (feminicidios que no se denuncian) y la impunidad (feminicidios en los que no se llega a sentencia y reparación del daño).
El objetivo es erradicar el feminicidio: Sheinbaum
De acuerdo con el gobierno federal, esta iniciativa busca cerrar estas brechas mediante reglas claras y obligatorias para todas las autoridades. El énfasis no sólo está en aumentar las penas, sino en garantizar investigaciones más sensibles al género, oportunas y eficientes desde el inicio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum que el objetivo final es erradicar el feminicidio en México: "que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta".
La mandataria también aseguró que la iniciativa al Congreso a la brevedad. "No creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que haya protocolos para poder castigar al responsable o a la responsable; y que haya todo un sistema de protección a las mujeres frente a la violencia que puede llegar a ser violencia feminicida", dijo.
En un país donde la violencia feminicida sigue siendo una de las principales deudas del Estado, la propuesta representa un intento por unificar criterios y fortalecer las capacidades institucionales, en respuesta a una demanda persistente de las familias de las víctimas, las colectivas y las organizaciones de derechos humanos.