En promedio diario, 38 personas son víctimas de desplazamiento forzado en México: estudio

Al reconocer que no existe un registro nacional sobre las víctimas de desplazamiento interno en México que permita conocer la magnitud del problema y sus características, el gobierno federal estima que, en los últimos años, un promedio diario de 38 personas dejó sus hogares a causa de la violencia; con dos episodios, por lo menos, de desplazamientos masivos cada mes.

A través del libro Desplazamiento Forzado Interno en México: Del reconocimiento a los desafíos, autoridades federales y expertos en la materia también calculan que entre 260,000 y 357,000 mexicanos han dejado sus hogares por diversos motivos que van desde la inseguridad, pobreza, desigualdad o desastres naturales.

Según lo expuesto por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, el desplazamiento forzado interno es un problema que ha afectado a miles de personas en México y fue invisibilizado por varias décadas y muestra de ello es que actualmente no existen datos que permitan conocer la cantidad de víctimas que hay a nivel nacional.

Sin embargo, al intentar realizar un diagnóstico sobre la situación del desplazamiento forzado interno en México, los autores del libro advierten que el vínculo entre violencia y desplazamiento es innegable, siendo una de las cuestiones más complejas su multidimensionalidad, pues se entrecruza con asuntos de desigualdad y justicia.

Por ello, llaman a considerar todas las razones que puedan provocar desplazamiento: castigo colectivo de una población como resultado del incumplimiento de reglas que se desprenden de usos y costumbres; conflictos relacionados con la propiedad de la tierra; conflictos armados; desastres asociados a fenómenos naturales.

Así como prácticas de segregación; proyectos de desarrollo a gran escala; violaciones de los derechos humanos; violencia sexual y de género; violencia contra la libertad de expresión y el derecho a la información, y otros tipos de violencia.

Asimismo, se identificó que las víctimas de desplazamiento tienen múltiples estrategias de salida se observan, masiva o individual, familiar o comunitariamente y en muchos casos, la salida no es planeada ni producto de una decisión personal o familiar valorada. Mientras que las estancias varían desde muy poco tiempo (días o semanas), hasta años.

En tanto, con excepción de Campeche e Hidalgo, la mayoría de los estados del país han presentado casos de personas desplazadas, ya sea como destino u origen.

Eventos masivos por violencia

A pesar de su alcance relativamente limitado, los expertos destacan que, al recabar información periodística, se revela un escenario preocupante, ya que tan solo entre enero de 2016 a mayo de 2021 hubo 138 episodios de desplazamiento masivo ocasionados por diferentes formas de violencia en México.

De los cuales, alrededor de 75,942 personas fueron obligadas a desplazarse internamente. “Para ponerlo en perspectiva, esto representa un promedio diario de 38 personas que deben dejar sus lugares de origen y al menos dos episodios de desplazamientos masivos cada mes”, expone el documento.

En tanto, aunque 15 entidades registraron algún desplazamiento masivo, se destacó que cinco y siete estados concentran 91% de los casos y 97% de la población afectada: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.

Delincuencia desplaza a las autoridades

En este contexto, el subsecretario Alejandro Encinas, reconoció que la violencia de grupos delictivos en México ha desplazado a la propia autoridad en algunas zonas.

“La desigualdad sigue siendo la pobreza y la marginación la principal causa de desplazamiento forzado interno de nuestro país independientemente de las acciones de materia de procuración de justicia y de garantía de seguridad tiene que hacerse en muchas áreas del territorio nacional donde lamentablemente la presencia de grupos delictivos en muchos casos no solamente han desplazado a la autoridad sino que imponen reglas en la autoridad sino hasta en la propia elección de quienes son los gobernantes en los municipios” dijo este jueves.

Sobre el tema, los autores del libro destacan que entre las principales afectaciones materiales que tienen las víctimas de desplazamiento está la pérdida de viviendas, tierras y de otras propiedades, que consiste en daños a la propiedad de las personas, queman sus casas, se apoderan de su ganado y cultivos.

Sin embargo, al hablar de justicia, se identificó que todos aquellos que solicitaron que se investigue a los perpetradores de estos hechos fueron advertidos por las autoridades de que al hacerlo estaban exponiendo sus vidas. Por lo que el involucramiento de autoridades locales y federales, de oficiales policiales o militares en algunos de estos eventos ha causado que las víctimas y sobrevivientes desconfíen del gobierno.

“Se registra impunidad y agresiones contra líderes y defensores locales, por lo que es bajo el índice de denuncia.

“La delincuencia organizada tiene en algunas zonas más presencia que las propias autoridades y desafortunadamente las personas que escapan de amenazas contra su seguridad personal no siempre la encuentran. Existen instituciones de gobierno para apoyar el desplazamiento, mas no para prevenirlo”, subraya el informe.

Como resultado de lo anterior, los desplazados tratan de hacerse invisibles y de este modo reducir la probabilidad de ser identificados a fin de evitar que se cumplan las amenazas; “incluso en los lugares de destino, existe una resistencia a hablar del tema”.

Es así, que las personas desplazadas en el norte y el centro desean permanecer ocultos, en tanto que las víctimas del sur esperan ganar visibilidad en la búsqueda de soluciones a lo que provocó su salida. Mientras que algunos adultos mayores se quedan en las comunidades y el capital social se deteriora por la separación de las familias y en ocasiones es tanto el miedo, que se desconoce a dónde se fueron algunos de los familiares.

En este contexto, el subsecretario Alejandro Encinas reconoció la urgencia por que el legislativo y el ejecutivo trabajen en leyes para atender el problema del desplazamiento forzado, además de que se requiere de la acción concreta de las autoridades locales, estatales y federales para proteger a las personas.

Mientras que Josep Herreros, Representante de la ACNUR en México sostuvo que reconocer el problema es un avance para México, sin embargo, “las políticas implementadas hasta ahora no han sido útiles para reconocerlo y para responder, para ello es necesario el desarrollo de un marco legal pero también de políticas públicas de prevención y respuesta”.

kg