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Detectó Secretaría de la Defensa que militar vendía armamento a delincuentes
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer, con base en los archivos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por autodenominado grupo Guacamayas, que desde el Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México se vendió distinto tipo de armamento a grupos criminales.
AGUILILLA, MICHOACÁN, 04JULIO2021.- Ubicado a 270 kilómetros al suroeste de Morelia, el municipio de Agulilla fue tomado por elementos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 5 de abril, las cosas están lejos de tranquilizarse en Tierra Caliente. Pese a que el gobierno de Andres Manuel López Obrador ordenó que fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejercito se desplegaran, la lucha armada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos continúa. FOTO: CUARTOSCURO.COM
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer, con base en los archivos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por autodenominado grupo Guacamayas, que desde el Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México se vendió distinto tipo de armamento a grupos criminales.
El documento retomado por MCCI, fechado el 10 de junio de 2019, detalla que la Sedena tuvo conocimiento de que un militar ofrecía equipo táctico, armas, granadas e información de movilidad y operativos de las Fuerzas Armadas, a una célula de un cártel del narcotráfico, cuya sede está en el municipio de Tejupilco, Estado de México.
La investigación mostró que, con base en análisis de metadatos del equipo telefónico usado en las comunicaciones, la base de operaciones de uno de los implicados en los señalamientos era el municipio de Villa de Almoloya de Juárez, cerca del octavo regimiento mecanizado de la Sedena.
Se mencionó que el proveedor de equipo táctico y armas era un presunto integrante del Ejército —conocido como “Antiguo”— y tenía su base de operaciones al interior del Campo Militar No. 1.
“El 31 de mayo (de 2019), el militar ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26,000 pesos cada una; la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron entregadas en Atlacomulco, Estado de México”, se plasmó en el documento retomado por MCCI.
La investigación interna del Ejército también detalló que se les ofreció a los criminales “dos millares de municiones para fusil AK-47, cinco millares para R-15 y 50 cargadores de cada tipo de rifle”.
MCCI indicó que cuando se realizó el informe, al que tuvieron acceso, la identidad de los militares implicados en las transacciones era desconocida; aunque posteriormente, el 24 de junio de 2019 gracias a la intercepción de llamadas por parte de la Sedena, se pudo conocer que el militar que abastecía las armas al grupo delictivo era un escolta de un alto mando militar, al que la célula llamaba “Nuevo Comandante”.
En las llamadas interceptadas también se conoció que el jefe del escolta era un coronel originario de Tepalcatepec, Michoacán, con gusto por la bebida y el dinero.