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CIDH advierte sobre obstáculos para que pueblos indígenas y tribales ejerzan sus derechos
En el informe informe “Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales”, la CIDH detalla que entre los obstáculos se identificó la falta de respeto y reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y sus procesos de toma de decisiones, particularmente cuando existen intereses económicos, comerciales, políticos, militares u otros sobre las tierras y territorios.
Sin importar que a nivel nacional e internacional existan leyes que amparan la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales de México, en los hechos, dichas comunidades continúan sin ejercer a plenitud sus derechos; al tiempo que se ven amenazados por la violencia y la explotación de sus tierras, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través de su informe “Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales”, la CIDH mostró su preocupación ante los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas y tribales con relación al ejercicio de su libre determinación debido a limitaciones en los marcos jurídicos y políticos nacionales con respecto a su identificación y reconocimiento como pueblos diferenciados, y/o los aspectos colectivos de sus derechos.
El documento añade que entre los obstáculos se identificó la falta de respeto y reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y sus procesos de toma de decisiones, particularmente cuando existen intereses económicos, comerciales, políticos, militares u otros sobre las tierras y territorios.
Así como la situación de violencia que enfrentan a raíz de la presencia e invasión de sus tierras por terceros, ya sea personas involucradas en actividades madereras, mineras, ganaderas o narcotráfico, “siendo fuentes de grave riesgo y amenaza contra la supervivencia física y cultural de dichos pueblos”.
En este sentido, la CIDH recomendó a diversos países de la región, incluido México, a reforzar las medidas para “el reconocimiento y funcionamiento de las instituciones representativas propias de dichos pueblos, incluyendo en las áreas de autogobierno, autonomía, administración de justicia, gestión y manejo territorial y de recursos naturales.
Además de proporcionar los recursos financieros y otros necesarios para su funcionamiento. De igual manera, recomendó. en consulta y coordinación con los pueblos indígenas y tribales, adoptar “las medidas necesarias para que, dentro de los ordenamientos jurídicos internos de los Estados, dichos pueblos pueden ejercer sus derechos de manera efectiva y colectiva y hacerlos valer ante las instituciones estatales”.
Durante la presentación del informe, representantes de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), organismos que integra comunidades de 13 entidades del país, coincidieron en que estas comunidades enfrentan enormes dificultades para el ejercicio del autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos y para el respeto y protección de sus tierras, territorios, bienes comunes y sus formas propias de vida y desarrollo.
Ya que la discriminación estructural que siguen padeciendo los pueblos originarios es consecuencia, entre otras razones, de un marco legal que les niega su condición como sujetos plenos de derecho y facilita el despojo de sus territorios, por eso, llamaron al Gobierno de López Obrador y al Congreso para materializar la iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, promovida desde inicio del sexenio por la actual administración con el respaldo de una importante base social comunitaria.
“Fue presentada por las autoridades de la Tribu Yaqui al presidente López Obrador en agosto del pasado año; desde entonces, hace ya diez meses, se encuentra atorada en las oficinas del gobierno sin ser presentada ante el Congreso”, subrayaron.
Por su parte, la Comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena, Relatora sobre Pueblos Indígenas, expresó que “el derecho a la libre determinación es un derecho marco… Hoy este derecho está amenazado por las violencias asociadas con las actividades extractivas que ponen en riesgo la vida de las comunidades”.
Mientras que Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconoció que al hablar de estas comunidades, se tocan temas como una historia de violencia, explotación, exclusión, discriminación hacia los pueblos indígenas que incluso ha puesto en riesgo su supervivencia física y cultural.
kg