Blindaje de programas sociales, tema viejo

Los blindajes a los programas sociales electorales son un tema en la Sedesol por lo menos desde hace 12 años, específicamente a partir del 2001; la dependencia encargada de los programas sociales lanzó el programa de Blindaje Electoral de cara a los comicios federales y locales que se realizan en el país.

Con el regreso del PRI a Los Pinos, dicho blindaje se mantuvo.

El objetivo es prevenir y evitar que los recursos públicos federales sean utilizados para favorecer a partidos y a candidatos, argumenta ahora la Sedesol, a cargo de Rosario Robles, quien la semana pasada separó de sus cargos a siete funcionarios, incluido el delegado en Veracruz, tras acusaciones del PAN de un supuesto uso electoral de programas sociales.

Cabe recordar que en julio próximo habrá elecciones en Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Tlaxcala, Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Sinaloa, Baja California y Quintana Roo.

Entre las acciones que realiza Sedesol por las elecciones estatales y federales, se encuentra adelantar los recursos de los programas sociales. Se afirma que el objetivo es evitar que la entrega de apoyos a la gente se confunda con actos proselitistas.

Así, los apoyos de la Sedesol se entregarán, en promedio, 40 días antes de la jornada electoral. De acuerdo con la información hecha pública por la dependencia en su página de Internet, los apoyos deberán entregarse antes del próximo 28 de mayo, a excepción de Tlaxcala y Veracruz, cuya legislación local precisa los plazos para ello: el 6 de mayo y el 6 de junio, respectivamente.

Otras acciones de Sedesol son: suspensión de la difusión de propaganda institucional, resguardo del parque vehicular 48 horas antes de la jornada comicial y la realización de acciones preventivas, tales como sensibilización y capacitación a beneficiarios y servidores públicos.

De acuerdo con el programa Blindaje Electoral, los servidores públicos deben ser capacitados en ámbitos como responsabilidades administrativas, delitos electorales, así como en ética y valores en la función pública.

El Código Penal Federal contempla multa de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que condicione el cumplimiento de programas a la emisión del sufragio en favor de un partido o candidato.

Además, se puede imponer una inhabilitación de uno a cinco años y, de ser el caso, la destitución.

mauricio.rubi@eleconomista.mx