Aprueban reformas para el combate a la trata de personas

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución por las que se faculta al Congreso de la Unión a expedir una Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Una vez que la Cámara de Senadores y al menos 16 congresos locales avalen los cambios realizados a la Carta Magna, y éstos se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso mexicano y las legislaturas de los estados contarán con un plazo de 180 días para aprobar la nueva ley en la materia.

En su exposición de motivos, el decreto establece que la trata de personas es un delito con consecuencias psicológicas irreversibles. Además, es considerada como la modalidad contemporánea de esclavitud y como una forma extrema de violencia contra mujeres, niñas, niños y migrantes, por lo que requiere de un enfoque interdisciplinario y una participación más activa de los gobiernos e instituciones federales, estatales y municipales, aunada a la colaboración de la sociedad civil.

Estamos frente a un fenómeno sociodelictivo, que no ha sido frenado por la insuficiencia de los diversos ordenamientos jurídicos vigentes en México, por la agudización paulatina de la globalización y el desarrollo tecnológico, además de que convergen factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada y corrupción .

Desde la óptica de los legisladores, urge detener las prácticas inhumanas y criminales en que incurren las redes del crimen organizado en contra de niñas y niños como producto de cambio, cuyo beneficio deriva en vender a éstos para que trabajen de manera forzada como siervos.

Entre los cambios logrados destaca también que la trata de personas se incorpora a los delitos en los que el Juez declara oficiosamente la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado, para evitar que se sustraiga a la acción de la justicia.

Se incluyó además dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos el resguardo de su identidad y datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

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