Abogado lleva a la CIDH el caso de Medina Mora para conocer las causas de su renuncia

El abogado Daniel Torres Checa pugna desde el 3 de octubre de 2019 para conocer las causas graves que orillaron al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, renunciar a su cargo, máxime de que recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) informó no haber encontrado elementos para proceder penalmente en su contra.

En México, Daniel Torres agotó las instancias para conocer dichas causas, por lo que llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que podría obligar al Estado mexicano a revelar esta información, misma que permitiría conocer si hubo o no presión para dirimir al cargo.

“La expresión de causas son importantes para la ciudadanía porque son un vehículo de legitimación de la Corte; esto significa que si no están las causas graves, en el imaginario colectivo se crea una incertidumbre sobre las razones verdaderas que llevaron al ministro (a renunciar). Esto es especialmente grave porque se trata del primer caso en la historia moderna en México en la que renuncia un ministro, y esto fija un precedente nocivo, en el que se enmarca en un silencio institucional que lo único que hace es crear un aire de duda sobre las verdaderas presiones que está sufriendo la Suprema Corte en este sexenio”, mencionó en entrevista telefónica.

El 3 de octubre de 2019, Eduardo Medina Mora Tomas Icaza renunció a su cargo mediante una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que no precisó las causas graves que lo orillaron a tomar esa decisión. 

La carta de Medina decía: “Con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante usted mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el que fui electo por el Senado de la República Ruego a usted que acepte esta renuncia y acorde a lo previsto en la Constitución la someta a consideración del Senado de la República”.

Cabe destacar que la Constitución mexicana establece en su artículo 98 que “las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las aprueba, las enviará para su aprobación al Senado”.

La Constitución obliga a los ministros renunciantes a manifestar los motivos de su decisión para demostrar que la dimisión no es producto de alguna amenaza, sino a causas graves que le impiden seguir ejerciendo el cargo. Se trató de la primera renuncia de un ministro en la época contemporánea de México y, a la fecha, se desconocen los motivos.

En diversas ocasiones durante sus conferencias de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre qué argumentos ofreció el ministro Medina para renunciar. 

El 3 de octubre de 2019, López Obrador anunció que aceptó la renuncia del ministro, y un día después sostuvo no conocer otras causas más que aquellas que adujo Medina en su escrito; sin embargo, dijo sospechar que se debió a que atendería las denuncias que se presentaron en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El 3 de octubre de ese año, la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a su vez dependiente del Poder Ejecutivo, emitió el requerimiento 110/F/B/5182/2019 ordenando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores incluir al ministro Eduardo Medina Mora, sus hermanos y otras empresas a la lista de personas bloqueadas.

Previamente, el 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Estados Unidos notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sobre transferencias irregulares desde Reino Unido y Estados Unidos realizadas a Medina Mora.

El mandatario pidió entonces que la Unidad de Inteligencia y la Fiscalía General de la República llevarán a cabo las investigaciones, y actuar en caso de que existiera una denuncia. En aquel entonces, López Obrador afirmó que los señalamientos no necesariamente significaban que el Ministro fiuera culpable de algún delito.

El 5 de junio también del 2019, la National Crime Agency y el Departamento de los Estados Unidos detectaron que Medina Mora recibió transferencias en una cuenta del HSBC UK BANK, por 2 millones 382,526 libras esterlinas, y en el HSBC USA, por 2 millones 130,000 dólares entre los años 2016 y 2018, periodo que comprenden los tres últimos años de su cargo de Ministro.

Sin embargo, el 18 de junio, mediante una carta pública, el exministro desmintió esa información. Reconoció que tuvo 32 movimientos financieros, pero no por 103 millones de pesos, sino por 7 millones 487,261 pesos, “cantidad que es consistente con los ingresos que declaré en ese periodo”. Medna Mora negó que las operaciones hayan sido con una cuenta bancaria en el exterior, sino en México en una cuenta de HSBC. En su escrito, acusó violación al secreto bancario. “Difundieron sin mi consentimiento información concerniente a mi vida privada y protegida por el secreto bancario y fiscal”, sostuvo.

Concretada la renuncia, el 5 de octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera emitió el Oficio 110/F/B/5212/2019, solicitando el desbloqueo de cuentas del exministro Eduardo Medina Mora.

Largo camino para conocer las causas

Tras solicitar a la Presidencia de la República mediante transparencia las causas graves que adujo Medina Mora para su renuncia, el abogado Daniel Torres Checa sólo obtuvo información de las conferencias matutinas y la carta del Ministro también revelada en dichas conferencias.

El abogado inició un procedimiento administrativo en materia de transparencia en el Inai. Eventualmente, el pleno del Instituto conoció el caso e instruyó al Presidente de la República a que localizara el documento oficio, carta o comunicación oficial por la que el ministro de la Suprema Corte de Justicia mencionara las causas graves (motivos) que justifiquen su renuncia o bien, declarara su inexistencia y reposición siguiendo el procedimiento previsto en la ley. Pero la autoridad incumplió y volvió a mencionar que las causas graves que justifican la renuncia de Medina Mora, no existen.

En marzo de este año, Daniel Torres presentó un juicio de amparo indirecto contra el incumplimiento de la Presidencia. El caso llegó al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, mismo que resolvió que: “la renuncia se transparentó. Es decir, el escrito (carta) presentada por el Señor ministro Medina Mora en su momento, es el documento en el que manifiesta su determinación de renunciar al cargo de ministro de la Suprema Corte de la Nación. Si en el documento se asentaron o no razones que permitan entender que había causa grave, causa justificada para esa renuncia, es distinto”.

Este razonamiento fue aprobado por una mayoría de dos magistrados, negando el amparo. El magistrado presidente, Jean-Claude Tron Petit, formuló un voto particular en favor del quejoso.   Esta decisión fue definitiva.

FGR da carpetazo y absuelve a Medina

En febrero de este año, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del exministro Eduardo Medina Mora, a quien investigaba en dos carpetas de investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía concluyó las carpetas de investigación al determinar que el exministro acreditó el origen lícito de sus recursos, y archivó la carpeta.

Petición a Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al agotar en México las instancias para conocer la realidad en este caso, el 15 de marzo de 2022, Daniel Torres demandó al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación al derecho humano de acceso a la información y el impacto de ello en la independencia judicial.

El reclamo expuesto a la CIDH pasan por determinar que existe una transgresión al derecho de acceso a la información al no publicar las causas graves que justifican la renuncia del exministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia; que tal transgresión fue efectivamente impugnada y exhibida en un juicio de amparo y los Tribunales del Poder Judicial Federal fueron insuficientes para revelar información bajo control estatal y, finalmente que esta violación está inscrita al ámbito de actos que deben ser analizadas en sede convencional, en el que se estudie y valore los efectos corrosivos que pueden tener el silencio del ministro con las prerrogativas de la Convención Americana.

El abogado también argumentó que el desconocimiento de las causas graves tuvo los efectos en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. 

“Primero, porque la Corte ya ha determinado que la libre remoción de jueces -sin causas que la justifiquen- fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias.  Incluso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que la terminación anticipada en el cargo de jueces por el poder ejecutivo, antes de la expiración del mandato, sin que se dé ninguna razón concreta es incompatible con la independencia del poder judicial.

“Segundo, por qué la doctrina interamericana ha dicho que las Cortes y sus miembros no sólo deben ser independientes, también deben parecer independientes frente a la ciudadanía. Este elemento (apariencia de independencia o insospechabilidad del Tribunal) también se vería trastocado. El silencio del Estado en la renuncia del ministro, fomentan la idea en el imaginario colectivo que el Juez del Supremo fue presionado para dejar el cargo por poderes políticos y fácticos. Esto rompe con la legitimación de la Suprema Corte”, afirmó.

El litigante estimó que la primera renuncia de un ministro en el país no puede terminar con un precedente que, de conservarse en los términos actuales, quedará en la secrecía institucional.

“Por ello, consideramos que la Comisión Interamericana se encuentra frente a una oportunidad histórica. Debe dotar de contenido el derecho de acceso a la información y establecer un precedente valioso que fije un estándar de transparencia que deberá seguirse frente a la renuncia de ministros en el Máximo Tribunal”, apuntó.

El 5 de diciembre del 2019, al obtener la mayoría constitucional de dos tercios de los votos, Margarita Ríos-Farjat fue designada por el pleno del Senado de la República, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el lugar de la vacante que dejó Eduardo Medina Mora.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg