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La soberanía en las vacas de mi compadre
Gerardo Flores Ramírez | Ímpetu Económico
El 20 de abril pasado, dos agentes presuntamente adscritos a la CIA murieron en un accidente carretero en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, de regreso de un operativo que desmanteló seis narco-laboratorios. El episodio desató una reacción política de proporciones que raramente se reservan para las verdaderas urgencias del país.
La presidenta Sheinbaum envió una nota diplomática al embajador estadounidense Ronald Johnson. El senador Saúl Monreal advirtió que no se podía permitir que quedara impune “un acto tan grave”. Legisladores de Morena amenazaron con dar vista a la FGR. Desde Palacio Nacional se invocó la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y la historia patria, ese arsenal retórico siempre disponible cuando conviene trazar una línea entre quienes “defienden” a México y quienes, según la narrativa oficial, lo entregan.
Nadie discute que la presencia de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional debe clarificarse. Ese debate es legítimo. Lo que resulta difícil de sostener es la proporción del escándalo, sobre todo cuando se contrasta con lo que ocurre simultáneamente, y en silencio gubernamental, al interior del nuestro propio país.
Mientras el aparato político de la 4T se desgarra las vestiduras por el tema de los dos funcionarios extranjeros en un operativo antidrogas, miles de familias mexicanas han sido expulsadas de sus hogares por grupos del crimen organizado que operan con una impunidad que ninguna nota diplomática ha osado cuestionar.
Los hechos son verificables y recientes. En Chilapa, Guerrero, Los Ardillos iniciaron el 6 de mayo una ofensiva contra comunidades nahuas con armas de alto calibre y drones explosivos: cuatro policías comunitarios asesinados y entre 800 y mil familias desplazadas, muchas de las cuales pasaron el Día de las Madres huyendo en la oscuridad con sus hijos a cuestas. El Ejército y la Guardia Nacional estaban presentes; no intervinieron.
En Apatzingán, Michoacán, el 5 de mayo más de 600 personas abandonaron sus hogares de madrugada, el día posterior al retiro de la Base de Operaciones Interinstitucional que custodiaba la zona. En Chihuahua, el mismo estado del operativo que indignó a Palacio Nacional, más de 200 familias fueron desplazadas a finales de febrero de Atascaderos, huyendo de reclutamientos forzados y balaceras de siete horas. Semanas después, muchas seguían sin poder regresar.
Y luego está Sinaloa. Desde septiembre de 2024, la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza —las dos facciones en que se fracturó el Cártel de Sinaloa tras la captura de El Mayo Zambada— ha convertido al estado en el más violento del país desde 2011: más de 1,650 homicidios dolosos solo en 2025, cientos de desaparecidos, decenas de comunidades vaciadas, escuelas cerradas y familias que negocian con el miedo su derecho a transitar libremente. En lo meses recientes, la guerra ha seguido intensa.
Estos no son casos aislados. Son la expresión de un fenómeno documentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la ACNUR y el Observatorio de Desplazamiento Interno de la ONU: aproximadamente 390 mil personas viven ya lejos de sus hogares en México a causa de la violencia. El gobierno federal ha respondido con inacción institucional, registros incompletos y, en el mejor de los casos, operativos de foto.
La soberanía, en su acepción más elemental, es la capacidad del Estado de ejercer autoridad efectiva sobre su propio territorio y garantizar la seguridad de quienes lo habitan. Por esa definición, México lleva años cediendo soberanía real, no la de las arengas, a Los Ardillos en la Montaña Baja de Guerrero, a las facciones en guerra en Tierra Caliente, a los grupos que vaciaron Atascaderos, a las células que tienen a Sinaloa en estado de sitio. No hay pronunciamiento formal ni retórico, ni tan vehemente, contra ello. Ningún senador ha convocado a comparecer a los responsables del vacío de Estado que hace posibles esos desplazamientos.
La retórica soberanista tiene su función política: traza fronteras simbólicas, activa la memoria histórica y moviliza lealtades. Pero cuando se activa de manera selectiva, estruendosa frente a Washington, pero muda frente al crimen organizado, deja de ser una postura de Estado y se convierte en un instrumento de distracción.
Un gobierno que invoca a Benito Juárez frente al tema de los agentes de la CIA, pero que no tiene respuesta para las madres que durmieron en el monte en Chilapa la noche del 10 de mayo, o para las familias sinaloenses que llevan veinte meses negociando con el miedo su derecho a transitar libremente, no está defendiendo la soberanía. Está defendiendo su relato.
*El autor es economista.