La reforma judicial: experimentando con el pueblo

El miércoles pasado, la Comisión Permanente recibió la iniciativa de reforma constitucional propuesta por Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde, para redirigir los objetivos de la reforma judicial de 2024.

A diferencia de intentos anteriores de la 4T para subsanar fallas de la reforma, como la iniciativa presentada hace unas semanas por Olga Sánchez Cordero, en la nueva propuesta se observa desde el inicio, un lenguaje mucho más soberbio, que se enfoca en aplaudir la reforma original con eufemismos y afirmaciones abstractas, cargadas de ideología política, y carentes de sustento objetivo comprobable. En la propuesta se insiste en que la reforma judicial fue “la mejor alternativa”, y en que el objetivo de los cambios propuestos es “profundizar” los “logros” obtenidos para el pueblo con la reforma, pero nunca se integran medidores objetivos como estadísticas judiciales u observaciones de organismos nacionales o internacionales reconocidos, que respalden los cambios.

A pesar de los visibles esfuerzos en la exposición de motivos, por evitar reconocer los fracasos o fallas en la reforma de 2024, los sinónimos no son infinitos, y eventualmente en el documento se admite que “como ocurre con toda transformación profunda… la primera experiencia práctica permite identificar áreas de oportunidad”, lo que justifica que se propongan “ejes de ajuste constitucional”. Se reconoce que el proceso electoral de 2025 “mostró la conveniencia de precisar reglas constitucionales que garanticen… la competencia técnica y profesional de quienes aspiren a la función jurisdiccional”. Sheinbaum y Alcalde admiten en la iniciativa que están “retomando las experiencias y aprendizajes” de la elección de 2025 y que las modificaciones van a permitir que los Comités de Evaluación “cumplan cabalmente su misión al servicio del pueblo mexicano” y “puedan evaluar de forma exhaustiva a las personas aspirantes”.

También señalan que la experiencia de 2025 mostró que un muy alto número de candidaturas por cargo puede llegar a dificultar la deliberación ciudadana y, por ello, la “propuesta concentra la atención del electorado en un número manejable de decisiones” para que se emita “un voto verdaderamente libre e informado”.

Con ello, el Estado está reconociendo literalmente que la elección judicial de 2025 no garantizó la competencia técnica y profesional de los jueces electos, que no se les pudo evaluar de forma exhaustiva, y que no se garantizó la emisión de un voto libre e informado. Con independencia de los cambios que pueda traer cualquier parche a la reforma, es preocupante que el propio Estado reconozca que la reforma judicial operó como un experimento político, en el que el conejillo de Indias fue el mismo pueblo mexicano. Mientras Morena está “retomando las experiencias y aprendizajes” de la elección judicial, miles de ciudadanos han sido ya juzgados por jueces cuya capacidad técnica no se evaluó, y cuyo proceso de elección ni siquiera provino de un voto libre e informado, en la lógica de la 4T. Este hecho es grave, pues muchos de estos ciudadanos pudieron haber perdido derechos de manera irreparable, sufriendo quizá pérdidas injustificadas en su patrimonio, en la custodia de un hijo, en la pensión alimenticia, y hasta la pérdida de la libertad personal.

De tener una mínima intención de subsanar las deficiencias de la elección judicial, la iniciativa debería contemplar mecanismos de reparación o de no repetición, como la destitución de jueces, la responsabilidad patrimonial del Estado por daños, prevista en el artículo 109 constitucional, o la creación de una nueva instancia judicial para particulares afectados por las “áreas de oportunidad” de la reforma. Total, la cosa juzgada nunca ha sido un impedimento para Morena.

Desafortunadamente, la iniciativa tiene un enfoque puramente logístico. Los cambios son solamente para reforzar el control político sobre la elección. Sobre la incompetencia técnica de los jueces, la propuesta se reduce a la aplicación de programas de capacitación, posteriores a la elección. Ni siquiera incrementaron el promedio académico o los años de experiencia que deben acreditar los jueces. El show de las sesiones de la Corte debe continuar.