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Minas antipersonales, pero no somos Afganistán, ¿o sí?
No somos Ucrania, Afganistán ni Siria. México no es un país en guerra, pero se desangra todos los días.
La explosión de una mina antipersonal, sembrada en terrenos del municipio de Apatzingán, dejó al menos cuatro militares lesionados. Incluso, diversas versiones periodísticas señalan que tres de los oficiales del Ejército Mexicano fueron reportados en condición grave, debido a que habrían perdido algunas de sus extremidades.
No es la primera vez que el tema de las minas terrestres sale a flote en nuestro país. El año pasado, los Guacamaya Leaks dejaron al descubierto que los grupos criminales recurren con más frecuencia al uso de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) en estados como Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
Estos grupos, en su mayoría vinculados al narcotráfico, han utilizado artefactos explosivos como una táctica de terror y control. Por un lado, protegen sus rutas de contrabando y campos de cultivo de drogas, por otro han colocado minas en áreas urbanas y comunidades rurales para infundir miedo en la población y evitar la intervención de las fuerzas de seguridad.
¿Es exagerado señalar que las minas antipersonales son mortales? No. De acuerdo con el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), un AEI consta de siete piezas, como el sistema de iniciación, detonador y metralla. Es un artefacto que se coloca manualmente, por lo general de fabricación casera, y “dirigido a matar, herir, provocar daños materiales o infundir terror”.
Por eso llama la atención que los seis terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sustraídos por los hackactivistas de Guacamaya en septiembre de 2022, revelan que la Sedena detectó, en 2012, el primer aparato explosivo para uso criminal.
Entre diciembre de 2018 y el 1 de septiembre de 2022, los militares registraron 377 sucesos en 19 estados del país -como Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Chiapas-, en los cuales aparecieron mil 765 bombas. De éstas, 52 explotaron y personal militar desactivó el resto. En promedio, la Sedena desactiva casi un artefacto por día.
México enfrenta un desafío importante y debemos tomar medidas urgentes. El gobierno debe fortalecer las iniciativas de desminado, consolidar la cooperación con organizaciones internacionales especializadas en este campo y destinar más recursos para la capacitación de personal especializado en desactivación de minas, así como la atención médica y rehabilitación de las víctimas.
Toca unir esfuerzos para liberar a las comunidades de este flagelo mortal, porque insisto no somos Afganistán.