La reforma electoral puede esperar

La semana pasada, PAN y PRI presentaron a la opinión pública sus respectivas propuestas de reforma electoral. Con el anuncio de sus proyectos respondieron a la iniciativa de cambios a la Constitución que el presidente López Obrador diera a conocer a finales de abril, unos días antes del inicio del receso legislativo.

En materia de reformas electorales, varias propuestas no son necesariamente mejor que una. Las dos grandes reformas anteriores, realizadas en 2007 y 2013, fueron producto de complejas negociaciones entre el gobierno y los partidos de oposición que de forma discreta avanzaron hasta alcanzar el consenso necesario. Se dieron a conocer a la opinión pública cuando ya se habían construido las condiciones políticas para su aprobación.

Las propuestas que se han presentado en las últimas semanas parecen más bien una ronda de posicionamientos preliminares, provocadas por el lanzamiento de la iniciativa presidencial de reforma electoral. Sin embargo, ocurre tarde en el ciclo político y aún no se ve la posibilidad del consenso en torno a una alternativa distinta al statu quo. El presidente y su partido político, Morena, necesitan el apoyo de al menos una parte de la oposición para conseguir la mayoría calificada en el Congreso.

Desde luego, el presidente López Obrador parece sabotear su propia causa. Días antes de presentar su propuesta, había lanzado el anatema contra toda la oposición. Desde Palacio Nacional, la acusó de traición a la patria tras la derrota de su iniciativa de cambios constitucionales, que buscaban restituir a la CFE el poder monopólico sobre la industria eléctrica. Al siguiente día, Morena inició una campaña de linchamiento contra los legisladores de oposición.

Pero, independientemente de la falta de oficio político de los actuales operadores del presidente López Obrador, sacar adelante una reforma electoral de gran calado tiene una enorme complejidad. Las instituciones electorales están ancladas en la Constitución y constituyen lo que los economistas llaman “equilibrios estables”. No hay manera que entre el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en torno un cambio, sin que una de las partes salga perdiendo.

Al inicio de los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las reformas electorales de gran calado fueron posibles porque ambos estaban interesados en acuerdos paralelos en otras materias. Podían hacer concesiones a la oposición en unos asuntos a cambio del apoyo en otros. El quid pro quo trascendía la materia electoral.

Así, el gobierno de Felipe Calderón cedió en materia electoral en 2007 a cambio de acuerdos con el PRI con el fin de sacar adelante un conjunto de medidas para aumentar la recaudación fiscal. Enrique Peña Nieto hizo lo mismo con PAN y PRD, con el fin de avanzar en las reformas estructurales del Pacto por México. Con el gobierno de López Obrador no parece haber un planteamiento de la misma naturaleza, que permita destrabar negociaciones en materia electoral. 

Por otro lado, las reformas constitucionales en materia electoral realizadas en 2007 y 2013 se concretaron antes de las elecciones legislativas. Los cambios tuvieron un fuerte impacto desestabilizador sobre la autoridad electoral. Pero los legisladores dejaron suficiente tiempo para avanzar en la inevitable curva de aprendizaje, antes de enfrentar la organización de una elección presidencial.

Desde luego, en materia electoral existen importantes áreas de oportunidad para reducir costos y mejorar la calidad de la democracia. Sin embargo, tampoco conviene ignorar los riesgos de un cambio impulsivo, que pueda llevar a unas elecciones presidenciales fallidas en 2024. Por ello, bienvenida la estabilidad de las instituciones electorales, en tanto se construyen los consensos y se encuentra el momento oportuno para reformarlas.

*El autor es profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif