¿Independiente por qué?

Vaya ranciedad con la que se aviva una discusión sobre un tema que, aparentemente, ya tenía un cimiento fuerte de comprensión. Sin embargo, la nueva polarización sobre la actuación de un Poder Judicial de la Federación que ha hecho su trabajo en el cuidado constitucional, viene a poner en la mesa una posibilidad de viraje retrógrado para que el Poder Ejecutivo tenga injerencia desde la “elección” de aquellos que tienen la obligación de vigilar por la observancia de la Carta Magna.

De entrada, toda decisión con peso de ley, requiere de una lejanía de ese círculo de influencia que dan los poderes fácticos o políticos. Dicha separación, permite un marco de imparcialidad en donde cabe el libre debate y opinión, que a su vez deriva en una interpretación apegada a derecho. Suena rebuscado, pero esa es la esencia del por qué no es viable que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenga apegos o compromisos estrechos con algún sujeto o sujetos que impliquen mando público, privado o poder en su general acepción.

Si ese es el camino que en sus múltiples deliberaciones sigue la SCJN, estaremos ante un sistema judicial que desde la cúpula del mismo se percibe y actúa sanamente. Y esa salud mucho tendría que aportar para paliar uno de los principales problemas que tiene nuestro país en respecto a la aplicación de la ley: no existe confianza en el estado de derecho mexicano. Tal concepto, se ha vuelto un referente borroso que poco abona al cumplimiento mismo de la ley por parte de la ciudadanía.

Si ese ecosistema de desconfianza, se enferma aún más desde la actuación de aquellos que tienen a su cargo velar por el cumplimiento de la Constitución, la contaminación seguirá siendo exponencial y permanente. Pero tal condición de “sano cumplimiento” solo se puede lograr cuando el Poder Judicial actúa con independencia. No estamos ante una lección contenida en las líneas escritas de un vetusto libro; un Poder Judicial debe ser independiente, imparcial, eficiente, garante de derechos naturales o privados y garante a su vez de los derechos de propiedad y la relación equilibrada y apegada a la ley que rige la vida entre particulares y gobiernos. Si el Poder Judicial, en sus distintos niveles (ministros, magistrados o jueces), no observa esa condición necesaria de independencia, los agentes económicos privados jamás tendrán garantía de protección de sus propios derechos de propiedad, o la protección por mandato ante actos de gobierno que resulten abusivos.

Si analizamos lo establecido por el Índice de Libertad Económica, publicado por la Heritage Foundation, el rubro sobre el cual pesa la peor calificación a nivel global (4 de 10), y la cual es un reflejo de este diagnóstico y argumentación, es la protección de los derechos tanto privados como constitucionales por parte del Poder Judicial. Indiscutiblemente independientes, es como necesitamos a nuestros magistrados, ministros y jueces.

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