Democracia: clave para la seguridad de las inversiones

En el mundo de las mediciones de la competitividad existe evidencia sobre la relación entre democracia y decisiones de inversión privada. Generalmente, en los países más democráticos, se construyen ambientes de confianza en los que inversionistas, gobiernos y sociedad civil gozan de una percepción de riesgos baja o controlable que brinda la capacidad de poder predecir con más precisión los resultados a futuro de los modelos de negocios. Las expectativas sobre la viabilidad del llamado “Plan B” en su fase legislativa y, ahora, en espera de la resolución judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), son relevantes para los mercados pues, aunque esa reforma sea política, en lo económico, altera las expectativas sobre la manera en que funcionan los sistemas y las instituciones porque implica daños estructurales, falta de claridad en las reglas para el proceso de competencia para acceder al poder, y asimetrías en la asignación de partidas presupuestales a los mecanismos que aseguran elecciones libres. En otras palabras, ante una reforma legal con visos de inconstitucionalidad, la expectativa de inestabilidad aumenta en el ámbito económico, y esto se traduce en la realidad en mayores costos para la inversión privada en el país.

A pesar del optimismo suscitado por el fenómeno del nearshoring y las recientes noticias sobre la llegada de la gigaplanta de Tesla a Nuevo León, según la más reciente encuesta de expectativas de especialistas del sector privado, publicada por Banco de México, la prospectiva de crecimiento para la economía mexicana ronda el 1.2% para 2023 y 1.8% para 2024, respectivamente. Estas son tasas muy inferiores a la meta de 4.5% que requerimos alcanzar para que la economía sea solvente en la producción y distribución de bienes y servicios que satisfagan el consumo de la población, la inversión en capital y la generación de empleos de calidad.

Por su parte, la inversión pública complementa el círculo virtuoso para establecer mejores condiciones que permitan reducir costos de producción y logística. Y en ese ámbito no vamos bien. Con datos al segundo trimestre de 2022, el INEGI reportó 2.9% de inversión pública respecto del PIB, cifra muy lejana a aquel 4.6% que el gobierno federal invirtió hace diez años en el mismo periodo. Recordemos que la inversión pública en infraestructura y servicios es condición necesaria para lograr un ambiente de negocios sano que atraiga y retenga tanto inversión como talento, el núcleo de la competitividad. Su ausencia encarece irremediablemente la base de costos para las empresas, y limita su capacidad de confiar, de competir, de innovar, de contratar, de crecer. Veamos dos ejemplos:

El 28 de febrero pasado, Coparmex presentó sus datos actualizados sobre entorno empresarial #DataCoparmex y destacó que entre las pequeñas y medianas empresas –las MiPymes– disminuyó el ánimo para invertir, pues el porcentaje de empresarios encuestados que considera que existe un buen ambiente para invertir disminuyó de 53.8%, registrado en el 2021, a 51.2% en 2022. Asimismo, Coparmex reporta que ha prevalecido el porcentaje de victimización de los negocios, ya que 1 de cada 2 han sufrido de algún ilícito como robo de mercancía en tránsito, robo total o parcial de vehículos, ciberdelitos, o cobro de piso, esto es, extorsión. Las entidades con mayor afectación el año pasado fueron Quintana Roo, Puebla, Zacatecas, Tabasco y Morelos. Por ello, Coparmex documentó que el 64% de sus socios tuvieron que incrementar el gasto en seguridad para instalar sistemas de vigilancia, contratar seguros y servicios privados de seguridad, o incluso, cambiar de ubicación sus instalaciones.

En este mismo sentido, Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, ha advertido también que las empresas estadounidenses operan en México con fuerte presión en sus costos por los gastos adicionales que les repercute la inseguridad y la corrupción en México. Según #DataCoparmex, en el 2022, 39% de las empresas mencionaron haber experimentado algún tipo de corrupción que les obligó a pagar sobrecostos en los niveles federal (53%), estatal (56%) o municipal (56%).

En este tema, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), autor del Índice de Competitividad Internacional 2022, ha señalado que México ocupa el lugar 40 de 43 países en percepción de corrupción, una cifra, ya de por sí, preocupante. El fenómeno de percepción de corrupción es relevante por muchos motivos –relacionados con la falta de Estado de Derecho y la calidad de y eficiencia del desempeño de los mercados–, pero también en relación a la evolución democrática del país. Por ello, la estabilidad del sistema político es uno de los pilares que componen esta, y otras, mediciones de competitividad. En la que hace el IMCO, a 2022 México se encontraba en el lugar 35 de 43 países. Pero podemos retroceder aún más. El subindicador de estabilidad política mide la legitimidad democrática, la transparencia y el respeto a los derechos y las libertades civiles de los habitantes de un país. De validarse la constitucionalidad de del Plan B de reforma electoral por la SCJN, México podría padecer un fuerte deterioro con preocupantes efectos en la confianza para la inversión, la estabilidad económica y el desarrollo de sus capacidades productivas. Un riesgo que los Ministros están a tiempo de atajar.