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Profeco acusa monopolios tortilleros
En algunas colonias el kilo de tortilla aumentó de 9.50 a 11 pesos el mismo día en varios locales.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó ante la Comisión Federal de Competencia una denuncia contra varias tortillerías y al menos 13 uniones de industriales vendedores de masa-tortilla por presuntas prácticas monopólicas.
Incrementos injustificados
Hemos detectado casos en los que el notorio incremento en el precio de la tortilla es injustificado y fijado por un acuerdo entre tortilleros pertenecientes a una misma zona, por lo que desprendemos que estos aumentos son presuntas prácticas monopólicas sancionadas por la Comisión Federal de Competencia , declaró el Procurador Antonio Morales de la Peña.
Asimismo explicó que después de un monitoreo realizado a negocios de las cadenas de maíz-tortilla en el Distrito Federal se pudo constatar un incremento de hasta 3 pesos por kilo, para luego verificar que fue establecido mediante un acuerdo previo de los tortilleros.
En muchos casos, según explicó, el aumento viene desde las agrupaciones o uniones industriales para la masa y la tortilla de entidades como Colima, Guerrero, Michoacán, Puebla, Baja California, Veracruz, Zacatecas y Sinaloa y esto se pudo comprobar porque algunos líderes rindieron declaraciones.
Dentro del expediente se entregaron pruebas de que en algunas colonias el kilo de tortilla aumentó de 9.50 a 11 pesos el mismo día en varios locales, junto con denuncias por falta de carteles que exhiban las tarifas oficiales y algunas confesiones de locatarios que aceptan formar parte de asociaciones que se reúnen semanalmente para regular precios.
La denuncia
Para no entorpecer el proceso, aclaró el Procurador, no fueron revelados los nombres de las asociaciones ni de los establecimientos.
La denuncia se presentó con base en la reforma del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece que si la Profeco detecta anomalías puede denunciar directamente, sin necesidad de que alguien le lleve la queja.
El Procurador entregó la denuncia a la Oficialía de Partes de la Comisión Federal de Competencia, la cual tiene cinco días para determinar si acepta o no la denuncia.
También se está recopilando la información de más de 60 visitas a todo el país y ésta podría terminar en una denuncia penal por acaparamiento, según el Procurador.
kgarcía@eleconomista.com.mx