Colombia suspende a servicio de Uber y Picap por competencia desleal

Al menos 200,000 colombianos obtienen ingresos a través de su labor como conductores de las plataformas tecnológicas Uber y CAP Technologies (Picap), así como de aplicaciones de ese tipo (Beat o Didi) que, a pesar de no contar con autorización de operación para la prestación del servicio de transporte en Colombia, llevan varios años ofreciendo su asistencia.

Precisamente, por operar de manera ilegal, recientemente dos superintendencias tomaron acciones judiciales en contra de las dos compañías que, a primera vista, afectarían su presencia en Colombia. Sin embargo, las dos aplicaciones aseguraron que sus servicios continuarán con normalidad hasta que no se cumplan todos los trámites legales.

El pasado viernes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó la suspensión del servicio de Uber, que agrupa a 88,000 socios conductores, porque determinó que incurrió en actos de competencia desleal por la violación de normas y desviación de clientes “al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte”, tras una denuncia interpuesta por Cotech, proveedor de Taxis Libres.

La SIC determinó que Uber incurrió en “actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte”. Según el ente, “viola las normas que regulan el mercado, genera una ventaja significativa en el mercado y genera desviación de la clientela de Cotech SA”.

Al respecto, Uber, que llegó a Colombia en el 2014 y que ya tiene presencia en 12 ciudades, rechazó la decisión y señaló que va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, viola el debido proceso y refleja un acto de censura.

El fallo “resulta contradictorio con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el gobierno defiende y promueve”, dijo Uber. Por ello, la empresa apeló esa decisión ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

Además, recordó al gobierno colombiano que ha aportado cerca de 21 millones de dólares, destacando el IVA. Por último, dijo que “resulta contradictorio con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el gobierno nacional defiende y promueve”.

Por otro lado, la Supertransporte ordenó la toma de control de Picap y convocó a la firma a un proceso de liquidación ante la Supersociedades porque utiliza tecnología “con el fin de prestar servicio de transporte público en vehículos no homologados para ello (entre los que se encuentran las motocicletas), lo que corresponde a una actividad ilegal y sobre todo insegura para los usuarios”.

Picap, que registra un poco más de 100,000 conductores afiliados, mantiene presencia en 12 ciudades y realiza 80,000 viajes diario, también mostró su desacuerdo con el fallo y argumentó que, mientras surte el trámite respectivo frente a la decisión, el funcionamiento de la plataforma no tendrá ningún cambio para los usuarios.

Ante ambas decisiones, el presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá, Carlos Eduardo Peña, señaló que, aunque en principio es positivo, el gobierno debe “tener mano dura y decidir de una vez qué acciones concretas tomará para impedir que vehículos particulares continúen prestando el servicio de transporte.

Además, advirtió que, sumados a los 800,000 conductores que actualmente laboran, el gremio tiene al menos 80,000 vacantes “con todas las garantías”.

En cinco años de operación, Uber ha sido amonestada en varias ocasiones por el Ministerio de Transporte y la Dirección de Transporte de la Policía Nacional multaron a la compañía. En el 2016, se le multó por 344 millones de pesos colombianos por incumplir con una orden de cesar la facilitación y promoción de servicios en el país. Mientras que un año antes, fue amonestada por facilitar la infracción de las normas sobre la prestación del servicio de transporte especial.

(Con información de El Diario Financiero)