Ante el gran dinamismo que ha tenido el ecosistema fintech en América Latina, una región donde 49% de la población no cuenta con servicios financieros formales, es pertinente utilizar mecanismos regulatorios que permitan el desarrollo de las plataformas en un entorno controlado y con riesgos mínimos, por lo que los bancos de pruebas serían una herramienta para potencializar este crecimiento.

De acuerdo con un documento elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los bancos de prueba regulatorios, conocidos en otros países como regulatory sandboxes, también pueden servir como un espacio de aprendizaje para las autoridades, pues éstas pueden analizar y conocer cómo operan las novedades tecnológicas financieras y así evaluar si es necesario aplicar algún tipo de regulación.

“Los bancos de prueba regulatorios ofrecen un entorno en el que las entidades pueden probar productos o servicios novedosos, dentro de un ámbito limitado, antes de ofrecerlos de forma masiva en el mercado, al tiempo que el supervisor puede vigilar su funcionamiento”, detalla.

El organismo expone que en América Latina el uso de las nuevas tecnologías ha derivado en tener una oferta de productos y servicios financieros que antes eran inasequibles; sin embargo, para que esto se potencialice, es necesario el desarrollo de políticas que promuevan la innovación y así facilitar dicha oferta, además de protección al usuario.

“En América Latina el sector fintech está permitiendo progresar en la inclusión financiera, al orientar sus modelos de negocio hacia segmentos tradicionalmente desatendidos por el sector bancario tradicional”, explica el BID en la investigación realizada por Diego Herrera y Sonia Vadillo.

Según cifras del organismo, en América Latina y el Caribe operan más de 700 plataformas que actualmente ofrecen soluciones financieras basadas en nuevas tecnologías. “Más de 40% de los emprendimientos monitorizados en la región afirman que su misión es servir a clientes que permanecen excluidos o subatendidos por los servicios financieros tradicionales”, destaca.

En este contexto, el organismo remarca que los modelos tradicionales de supervisión resultan inadecuados para vigilar la operación de estas plataformas, por lo que resalta la necesidad de articular fórmulas que faciliten y promuevan la actividad de las empresas, dentro de un entorno controlado, y una de ellas son los bancos de pruebas regulatorios, que ya se han implementado en otras partes del mundo como Reino Unido o Singapur.

“Se trata de un enfoque flexible, que permite ofrecer soluciones individualizadas e ir realizando modificaciones o ajustes, por lo que constituye una herramienta idónea para entender el funcionamiento de sectores disruptivos y enormemente dinámicos”, explica.

Para el BID, los países de América Latina tienen una oportunidad única de aprovechar el uso de las nuevas tecnologías para impulsar el desarrollo económico de la región, por lo que los bancos de pruebas regulatorios pueden ser una alternativa eficiente, y poco costosa, para entender cómo funciona el sector fintech y así adoptar las medidas regulatorias más adecuadas.

modelos deben ser novedosos

Para el BID es necesario que los bancos de pruebas impongan ciertos criterios, como, por ejemplo, que se demuestre que el modelo de negocio que se proponga es novedoso; que el producto esté listo para operar en un modo de prueba en una plataforma lista para ofrecerlo y que se evidencie que el producto o servicio pueda generar valor para el consumidor. Pero enfatiza que se tiene que dejar claro que la supervisión de los modelos que entren a estos esquemas sólo se limita a asegurar las condiciones necesarias para que se pueda operar en un entorno controlado y en ningún caso se debe garantizar la viabilidad de las pruebas, ni asegurar la obtención de resultados positivos.

El BID puntualiza que una vez concluidos los periodos de prueba, los supervisores pueden evaluar los riesgos asociados a estas actividades y si se comprueba que son adecuados para los clientes, se podría proponer una regulación y autorizar su comercialización.

En caso de que los modelos no logren resolver las deficiencias detectadas o si se considera que hay riesgos excesivos, las autoridades podrían prohibir o limitar dichas actividades.

En la mayoría de los países que han establecido estos mecanismos, la duración de los mismos se sitúa entre seis y 12 meses, con posibilidad de prórroga.

En México, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera contempla estos bancos de pruebas, en el capítulo de Modelos Novedosos, por el cual las empresas fintech , que no entren dentro de la categoría de medios de pagos o de crowdfunding, pueden solicitar probar nuevos productos, así como empresas tradicionales que busquen lanzar servicios no contemplados en su regulación.