El tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) dio la razón a Islandia y dijo que su gobierno tenía derecho a negarse a rembolsar a los clientes extranjeros de los bancos que se hundieron en octubre de 2008.

La Corte rechazó los argumentos presentados por el Reino Unido y Holanda tras la quiebra en 2008 del banco Landsbanki y de su filial en línea, Icesave.

La decisión era muy esperada para saber si el dinero público debe servir o no para salvar a los bancos en quiebra. Tras la quiebra del primer banco privado del país, Landsbanki, Islandia tuvo que nacionalizar urgentemente su sistema bancario, pero no pudo garantizar los depósitos de los clientes de Icesave, muchos de los cuales eran británicos y holandeses.

En el momento de la quiebra, Icesave tenía cerca de de 4,000 millones de euros en depósitos. Los gobiernos del Reino Unido y de Holanda reembolsaron íntegramente a los clientes del banco pero luego intentaron de cobrarle la factura a Islandia.

Pero en 2010 y luego en 2011, los islandeses rechazaron por referéndum las modalidades del reembolso negociadas con Londres y La Haya, asegurando que no existía ninguna obligación legal para que Islandia asuma las pérdidas de un banco privado.

La Comisión Europea llevó a Islandia ante el tribunal de la AELC por violar la directiva europea relativa a las garantías de depósitos, que obliga a garantizar un mínimo de 20,000 euros a los depositantes en un banco en quiebra.

Según Islandia, la directiva obliga al Estado a crear un fondo de garantía de depósitos pero no a garantizarlo con dinero público.

Al vender los activos de Landbanski, Islandia ya devolvió la mitad de las sumas adeudadas y espera devolver la totalidad en tres años más.