En un año, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recibió 134 quejas de embargos de cuentas bancarias que involucran un monto de 296 millones 870,395 pesos. De 166 quejas de embargos (de cuentas bancarias y otros) que en total atendió, 57% corresponde al Servicio de Administración Tributaria; 20%, al ?IMSS, y 10% al Infonavit.

En un análisis elaborado por la Prodecon, se concluye que se ha hecho un uso indiscriminado de dicha atribución, afectando los derechos humanos de los contribuyentes. Se encontró que es una facultad que se está llevando a cabo de manera ilegal y arbitraria, ya que se ordena la inmovilización de las cuentas bancarias, más como una sanción o medida de presión que como una excepción de naturaleza estrictamente provisional o transitoria.

Se observa que se está tomando como una práctica para lograr sus metas de recaudación, pues ni siquiera justifican que se actualicen los supuestos para su procedencia. En el estudio presentado por la ombudsman fiscal, Diana Bernal, se hace referencia a que, por tal motivo, la Procuraduría emitió 30 recomendaciones públicas a las autoridades fiscales a efecto de evidenciar transparencia, difundir y propiciar la corrección de violaciones y afectaciones de los derechos de los contribuyentes.

Prodecon considera grave el hecho de que la autoridad proceda al embargo sin considerar el Procedimiento Administrativo de Ejecución y, en consecuencia, sin otorgarle al contribuyente su derechos de indicar los bienes susceptibles de ser embargados .

Se debe agotar todo el procedimiento administrativo, porque es posible que el causante ofrezca otras formas de garantía en sustitución del embargo ,como lo indica el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Debido a las malas prácticas administrativas e irregularidades en torno de la forma y condiciones en que las autoridades han realizado dichas inmovilizaciones, se proponen diversas modificaciones legales al CFF. Y es que, según la ombudsman fiscal, no hay claridad en la regulación de la medida, lo que conlleva a una indebida interpretación de la norma y, en consecuencia, a una incorrecta apreciación.

Se propone ampliar el plazo para constituir la garantía, de 30 a 45 días, en que surta efectos la notificación. Se plantea que la autoridad podrá continuar el procedimiento si rechaza la garantía pero, si el contribuyente impugna, se podrá presentar otra garantía, aunque no podrá realizarse la inmovilización sin que se resuelva antes la legalidad del rechazo de la primera garantía.

En lo referente al levantamiento del acta y razones del embargo, se propone que se incluyan las razones por las que se estima que hay peligro inminente de que el contribuyente evadirá el cumplimiento de sus obligaciones. Se sugiere adicionar que en ningún caso procederá embargar precautoriamente los depósitos bancarios o seguros por un monto mayor al crédito fiscal junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trate sobre una sola cuenta o más de una.

leonor.flores@eleconomista.mx