Reforma a comicios judicial no corregiría problemas

La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) considera que la iniciativa del Ejecutivo Federal de reformas a la Constitución en materia del Poder Judicial, que el Congreso de la Unión votará esta semana, “no corrige los problemas estructurales derivados de la reforma judicial aprobada en 2024 y, por el contrario, profundiza la incertidumbre institucional, económica y jurídica que actualmente enfrenta el país”.

En un pronunciamiento, firmado por Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la asociación, advierte que “la incertidumbre derivada de las modificaciones al sistema judicial ha contribuido al deterioro de la percepción de seguridad jurídica en México, afectando negativamente las condiciones para la inversión nacional y extranjera”.

“Ninguna economía moderna puede sostener niveles adecuados de crecimiento cuando los inversionistas carecen de confianza en tribunales al dejar de ser independientes, técnicamente competentes y capaces de resolver controversias conforme a derecho.

“La certeza jurídica constituye un elemento esencial para el desarrollo económico. Las inversiones productivas requieren reglas claras, estabilidad institucional y órganos jurisdiccionales confiables”, consigna.

Según la BMA, la iniciativa presidencial no ofrece mecanismos eficaces para fortalecer las condiciones referidas e incrementa la percepción de incertidumbre respecto de la imparcialidad y profesionalización de quienes tendrán a su cargo la resolución de conflictos de alta complejidad económica, regulatoria y constitucional.

Cambios, necesarios

El aplazamiento de la segunda parte de la reforma judicial al 2018 es necesario, admite, “pero debe venir acompañado de una política pública de favorecer a los candidatos con preparación y experiencia, sobre los que no lo tengan, cosa que no toca la iniciativa”.

“La función jurisdiccional constituye una de las tareas más complejas y especializadas del Estado. Los cargos de jueces y magistrados exigen preparación técnica, independencia, experiencia judicial y un conocimiento profundo de la ciencia del Derecho”, cita.

Y concluye que la iniciativa de reforma constitucional “omite atender este problema de fondo continuando con la sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en mérito, exámenes, experiencia y especialización por una que contempla mecanismos que privilegian factores ajenos a la capacidad técnica indispensable para impartir justicia”.