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ASF presenta plan de reestructuración; va por recortes salariales y catálogo de costos
Aureliano Hernández Palacios Cardel informó que se está realizando una reestructura salarial a través de la homologación de sueldos en donde habrá una reducción del 10% a mandos medio-superiores

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Legisladores integrantes de las Comisiones de Vigilancia y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados se reunieron con el recién nombrado Auditor Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien les presentó su plan de reestructuración del órgano fiscalizador, con temas como la reducción de sueldos y la creación de un catálogo nacional de costos.
De acuerdo con el auditor Hernández Palacios Cardel, independientemente de los procesos de auditoría, durante su gestión buscará abrir un proceso de investigación inmediata para no esperar un año y se den resultados a corto plazo donde haya responsabilidades graves e incluso denuncias penales.
“Aquí queremos el acompañamiento de ustedes como diputados para ver si podemos robustecer la parte legal y darle fuerza”, mencionó.
Informó que se está realizando una reestructura salarial a través de la homologación de sueldos en donde habrá una reducción del 10% a mandos medio-superiores y con la bolsa que se genere se dé una mejora para que haya una equiparación y evitar que “haya funcionarios de primera y de segunda”.
Dijo que contarán con Unidades de Auditorías Especializadas en los temas a revisar con funcionarios verdaderamente capacitados, así como la creación de una Unidad de Atención Ciudadana con el propósito de evitar galimatías al momento de realizar denuncias y atender todas las que se presenten, y otra Unidad de Inteligencia de Fiscalización, además de una Unidad de Género e Inclusión.
Asimismo, planteó coadyuvar con las auditorías estatales para lograr una cobertura del 100% de los recursos y llegar a todos los municipios de México y que todas realicen la Auditoría de Cumplimiento del Gasto.
Y es que consideró que con estas modificaciones legales se podrán hacer cambios en la fiscalización del país. “En la Ley General de Contabilidad lo que quisiéramos es que tengan la obligatoriedad de llenar formatos estandarizados todos los ejecutores de recursos públicos de México. Con una homologación de información podríamos hacer muchas cosas administrativas, de investigación, de inteligencia y vamos a tener un precedente”.
Entre otras propuestas, dijo que se debe dotar de la facultad de revisión de auditoría, además de fortalecer las multas para que “no sean llamados a misa”, y transitar a un modelo de notificaciones digitales que no cuestan dinero, pero requieren de validez jurídica.
Sobre este asunto, la diputada de Morena, Claudia Rivera y secretaria de la comisión, detalló que durante la reunión, que se llevó a cabo en la antigua sede del órgano fiscalizador, se habló sobre un plan marcado por la austeridad republicana y el uso de tecnología para combatir la corrupción en tiempo real.
Añadió que el nuevo Auditor Superior presentó un ambicioso plan de acción para sus primeros 100 días de gestión, que incluye una reestructura administrativa integral y una reducción sustancial de costos operativos, que contempla el ajuste en sueldos y salarios de mandos medios y superiores.
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Uno de los puntos clave resaltados por la morenista fue la firma de convenios de colaboración con las auditorías locales para establecer una vigilancia mutua que erradique omisiones o malas prácticas en las entidades federativas.
Explicó que ahora se dará prioridad a la fiscalización de municipios pequeños que, por condiciones geográficas o falta de recursos, históricamente han quedado fuera de las revisiones, garantizando que ningún rincón del país sea zona de opacidad.
La diputada por Puebla también hizo especial énfasis en la apuesta por la innovación digital, señalando que la ASF implementará procesos de seguimiento en tiempo real que no solo optimizan el alcance de la fiscalización, sino que elevan la confianza social y celebró la propuesta de crear un catálogo nacional de costos que servirá como parámetro para todas las entidades de la República, asegurando que las obras y contratos públicos se realicen a precios justos, con calidad y sin sobrecostos.


