La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a 24 de las 32 entidades del país a instalar las comisiones estatales de búsqueda en concordancia con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Se trata de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, así como Quintana Roo. Además de San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

De acuerdo con los artículos transitorios de la ley general, el 17 de enero y 17 de febrero vencieron los términos para la entrada en vigor de la misma y la entrada en funcionamiento de las fiscalías especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda, respectivamente.

Por lo que al vencerse el 17 de abril el plazo para la entrada en funciones de las comisiones locales de búsqueda, las entidades que no lo han realizado “se encuentran en mora legislativa”.

Precisó que sólo Aguascalientes, Baja California, Nayarit, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Estado de México y Veracruz, han cumplido con la instalación de las comisiones estatales de búsqueda de personas.

“La desaparición de personas es un problema de índole nacional que lastima de manera grave la unidad familiar y social, menoscaba el respeto de los derechos humanos y merma la posibilidad de que exista un Estado de Derecho constitucional y democrático”, indicó en un punto de acuerdo.

En este sentido señaló que “es menester” que se atienda la problemática de manera integral y coordinada con la responsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“Es indispensable que el Estado mexicano asuma su deber de realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas. Que tenga las instituciones adecuadas para la acción de buscar, así como para investigar los hechos constitutivos de delito”.

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