La libertad de expresión debe estar garantizada por el Estado mexicano, por ello existe en el Congreso de la Unión un proyecto de reforma al Código Penal Federal, para que sea incluido un capítulo especial sobre delitos en agravio del gremio periodístico y darle competencia total a la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de esos actos.

Alejandro Ramos Flores, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, quien ocupa el segundo cargo de importancia en la PGR, habló así ante John Ralston Saul, representante de la organización civil PEN International.

Destacó la importancia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), cuyos avances y resultados, dijo, contribuyen a garantizar el libre ejercicio periodístico en México.

Ante el representante de PEN International destacó que México atraviesa una importante transición legal en materia de procuración y administración de justicia, además de protección a los derechos humanos, lo cual se materializó en dos importantes reformas constitucionales del 2008 y el 2011.

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