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Ruiz Massieu propone regular la participación transitoria de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública
De aprobarse, la ley regularía las funciones transitorias que realicen los integrantes de la Fuerza Armada Permanente en tareas inherentes a la seguridad pública, durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encargará de fiscalizar sus actividades.
Foto EE: Archivo
Para brindar a las Fuerzas Armadas un sustento de actuación constitucional, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu Salinas propuso expedir la Ley que regule la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, que se abrogaría el 26 de marzo de 2024, fecha en que concluirá el periodo de formación inicial de la Guardia Nacional.
Al presentar la iniciativa correspondiente en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, afirmó que el acuerdo de 11 de mayo de 2020, con que el titular del Ejecutivo federal pretendió regular la participación del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública ha generado preocupaciones en diversos sectores de la sociedad por la intervención ordinaria que se pretende incorporar en la protección de la seguridad de la población, que debe estar a cargo de cuerpos de policía civil.
La nueva ley establecería que “el titular del Ejecutivo Federal, con la participación del titular del área del ramo, diseñará y propondrá al Congreso de la Unión un Plan de Retiro Gradual y Definitivo de las tareas de la Fuerza Armada Permanente en materia de seguridad pública’’.
Las cámaras de Senadores y de Diputados contarían, cada una, con un plazo de 30 días para aprobar dicho plan, que “podrá modificarse o ajustarse si las condiciones sociales o la incidencia delictiva persisten o se incrementan’’.
De aprobarse, la ley regularía las funciones transitorias que realicen los integrantes de la Fuerza Armada Permanente en tareas inherentes a la seguridad pública, durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encargará de fiscalizar sus actividades.
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