A casi un año de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, especialistas y legisladores advierten cambios al modelo para impedir que se abuse de figuras como el amparo, la solución pacífica de conflictos, la prisión preventiva oficiosa y de una rebasada ley contra la delincuencia organizada.

Entrevistado por El Economista, el presidente de la Red Nacional de Juicios Orales (Renace), Martín Carlos Sánchez Bocanegra, dijo que si bien ha habido avances a un año de la implementación de esa reforma, el gobierno federal no ha podido garantizar la capacitación de operadores del sistema (policías, jueces y Ministerios Públicos), porque en algunos de ellos persisten las malas prácticas, como presionar a víctimas e imputados de delitos para que lleguen a un acuerdo antes que iniciar un proceso penal.

La principal falla que hemos detectado es en la capacitación tanto de Ministerios Públicos como de los policías preventivos, y en la coordinación entre ellos para que los procesos penales lleguen a buen término , comentó.

Consideró que si bien son necesarias algunas modificaciones al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, no sería conveniente la reforma constitucional que ha solicitado el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, para evitar que detenidos con armas exclusivas del Ejército sean liberados. Cabe destacar que también la diputada federal Alejandra Gutiérrez (PAN) presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa con ese propósito.

El especialista Sánchez Bocanegra puntualizó que esa iniciativa iría en contra del espíritu del sistema, que desaparece paulatinamente la prisión preventiva oficiosa para lograr la plena investigación de los delitos por parte de los operadores.

Además esa situación, agregó, significaría meter nuevamente a la Constitución delitos graves de prisión preventiva oficiosa, la cual se busca desterrar.

Creo que se ha avanzado en el tema de las audiencias públicas, en el tema de las soluciones alternas, y esto ha implicado que sí disminuya la prisión preventiva y las personas en la cárcel.

Sabemos ahora que todas las audiencias se desarrollan (ante) un juez. Se ha avanzado. Sin embargo, los pendientes que hay son porque el gobierno federal, como el estatal, no asumieron de manera seria los compromisos que tenían que llevar para estar bien preparados.

Ahora quieren patear el bote, otra vez. Ahora quieren cosas a su favor para tener más gente en la cárcel, que es lo único que les importa. Creo que hay muchos temas que se tienen que resolver; lo primero que queremos pedirle a la autoridad es que asuma ese compromiso, que fueron ocho años para la implementación, y que los echaron a la basura. Entonces, ahora tienen que trabajar en un plan serio donde se vea que realmente están implementando este nuevo sistema.

Muchos de éstos son los operadores del viejo sistema, y lo que muchos están haciendo es empujar para que el sistema nuevo funcione como funcionaba el otro, con las malas prácticas. Entonces, se requiere capacitar y mayor exigencia de los operadores. Porque hemos encontrado operadores que quieren presionar a la víctima y al inculpado para evitar que lleguen a juicio. Estas malas prácticas deben desaparecer , comentó.

No obstante, el presidente de la Red Nacional de Juicios Orales consideró necesaria una miscelánea penal con los siguientes propósitos: acotar los amparos a fin de impedir que se utilicen para retrasar los juicios; eliminar las figuras de prisión preventiva oficiosa y el arraigo, así como una nueva Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de que el combate a ese flagelo sea una responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno, y no sólo federal.

El especialista recordó que una iniciativa con estos propósitos fue presentada en el Senado por 16 legisladores de todos los partidos, y se encuentra en trámite.

Destacó que en el caso del cateo, éste debe prevalecer, pero los requisitos para su ordenamiento judicial deben ser más estrictos, con una investigación.

En el caso del amparo, para que sólo sea cuando se esté atentando contra la libertad de la persona, y no que se use para que no vayan a las audiencias donde se le va a imputar algún delito a la persona .

Martín Carlos Sánchez Bocanegra pidió a senadores y diputados, como al gobierno federal, cuidar las reformas que se planteen al nuevo sistema, pues refirió que algunas de las iniciativas planteadas significarían un retroceso al librar nuevamente a los Ministerios Públicos la responsabilidad de investigación.

El próximo 18 de junio se cumplirá un año del inicio de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para el cual la reforma constitucional y legal concedió un plazo de ocho años para capacitar a todos los operadores del sistema.

El 15 de octubre del año pasado se decretó la desaparición de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, encargada de implementar el sistema, y se designó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como la instancia coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Además de la iniciativa en materia de armas de fuego presentada por la diputada Alejandra Gutiérrez (PAN), en la Cámara de Diputados se han presentado dos iniciativas por parte del diputado César Camacho (PRI).

En la primera propuso la eliminación del arraigo, y en la segunda (a la que llamó reformas de segunda generación al sistema penal), propuso 73 modificaciones legales, por ejemplo, para que se considere grave delito la portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Igualmente busca dictar prisión preventiva oficiosa por el delito de tráfico de personas, así como el de sustracción de hidrocarburos.

También plantea la creación de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en Adolescentes; y evitar que cometan delitos desde prisión bloqueando o anulando señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen.

Asimismo, plantea sancionar el financiamiento del terrorismo, así como donar bienes que se hayan usado en la comisión de delitos en materia de propiedad industrial o derechos de autor.

Los pros y los contras

OBSERVAN BIEN:

  • Garantizar la capacitación de policías, Ministerios Públicos y jueces.
  • La reforma legal para acotar el amparo.
  • Crear una nueva Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con alcance para los tres niveles de gobierno.
  • Eliminar la prisión preventiva ociosa .
  • Eliminar la figura del arraigo.
  • Ordenar investigaciones profundas para autorización de cateos.

NO OBSERVAN BIEN

  • La reforma constitucional, solicitada por la Comisión Nacional de Seguridad, para impedir que las personas que sean detenidas en posesión de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas no se favorezcan del beneficio de la libertad mientras continúa su proceso penal.

EL DATO

Un juez federal negó a Héctor Palma Salazar, antiguo líder del cártel de Sinaloa, un amparo en contra del auto de formal prisión dictado en su contra por el homicidio del ex subdirector de la Policía Judicial de Nayarit, Antonio Contreras y su escolta, José Cruz, cometidos hace 22 años.

El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Nayarit desechó la demanda del narcotraficante conocido como el Güero Palma.

El señalado cumplió una condena en EU y fue entregado a México en junio del 2016. A su llegada al país fue encarcelado y sentenciado por el doble asesinato. (A. Langner)