Desde el 5 de agosto de 2019, semanas después de que se presentó en el Congreso una iniciativa para desaparecer el Seguro Popular, Chertorivski, junto con los también exsecretarios de salud, Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdova, Mercedes Juan y José Narro, manifestaron su preocupación por esta propuesta.

Plantearon que anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano en el siglo XXI y señalaron que su historia era la de una política acorde a la dimensión y la naturaleza del sistema público que exigía estrategias graduales, perseverantes y tenaces. Además de que su mejora no es obra de un viraje repentino, de un gran cambio, sino de políticas de Estado por encima de prejuicios ideológicos o agendas partidistas.

En proceso legislativo continuó y la reforma se aprobó y el 29 de noviembre de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que daba a una nueva política pública que sustituiría al Seguro Popular y entró en vigor el 1 de enero de 2020.

Con las primeras horas del 2020 aparecieron los primeros problemas, todos ellos reducidos a una sola palabra: la implementación y comunicación.

El gobierno se apresuró a eliminar el Seguro Popular y no publicó las reglas de operación, los ajustes a la normatividad, su plan de implementación, por lo que los primeros problemas surgieron en las clínicas y hospitales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó en sus conferencias matutinas donde aseguró que todos los servicios y medicamentos estarían disponibles y gratuitos. Casi en paralelo, el 30 de diciembre de 2019, la Secretaría de Hacienda publicó la modificación de las cuotas de recuperación en hospitales y clínicas del sector salud; sin embargo, días después se ordenó congelar las cuotas y reembolsar la diferencia entre la cuota anterior y la nueva que ya habían pagado algunos usuarios desde el 2 de enero.

Salomón Chertorivski: Deben mantenerse reglas del Seguro Popular para eliminar incertidumbre

Entre las personalidades que más defendieron el ahora desaparecido Seguro Popular fue uno de sus ex directores, Salomón Chertorivski; sin embargo, al ser una decisión ya tomada,  manifestó que para terminar con el episodio de incertidumbre generado por la forma en que inició la implementación del Insabi, se mantengan las reglas de operación del Seguro Popular, hasta que se tengan, tanto las reglas del nuevo programa, como los convenios con los gobiernos estatales, así con toda aquella reglamentación necesaria para su desempeño.

El exfuncionario mostró su preocupación “porque se fulminó el programa, de un día para otro y se creó el Insabi, pero sin legislación secundaria, reglas de operación, calendarios de implementación, periodo de transición, mecanismos claros de financiamiento y sin aclararle a las entidades federativas cómo va a ser el proceso de absorción de los servidos.

Esa situación, explicó, ha generado grandes espacios de incertidumbre porque se eliminaron las formas de financiamiento que tenía el Seguro Popular, se recentralizarán los servicios de salud y se quitaron los mecanismos de exigibilidad a los que estaban sujetos las personas beneficiadas.

El nuevo programa tiene bases malas, pero, además, éstas no están sobre estructuras firmes, remarcó. Afirmó que lo más delicado es que el Insabi no fue diseñado con base en conocimiento.

“Las decisiones se tomaron sin diagnóstico, con base en prejuicios y ocurrencias, en lugar de toda la información que, sobre el sistema de protección social en Salud, Seguro popular existe”, dijo Chertorivski.

Uno de los principales argumentos expresados por el gobierno actual para desaparecer el Seguro Popular fue la corrupción. En ese sentido Chertorivski dijo: “El Seguro Popular no causó corrupción, fue vulnerable ante la corrupción que impera en este país”.

Recalcó que, así como se han presentado casos deshonestos en Pemex, el IMSS o el Infonavit, no por eso se han cerrado. 

Sobre los señalamientos hechos en el documento “Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México”, realizado en 2016, en el sentido de que “sin una reforma de largo alcance, México corre el riesgo de mantener un sistema de salud fragmentado (y) con inequidades marcadas en el acceso a la calidad”, dijo que en ningún lado de ese análisis se dice que hay que desaparecer al Seguro Popular.

Carlos Luis Moreno Jaimes: El Seguro Popular fue abandonado y vulnerado por la corrupción

Por su parte el experto en políticas públicas, Carlos Luis Moreno Jaimes, afirmó que el Seguro Popular fue una política pública muy bien diseñada, pero abandonada, particularmente durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se registraron varios casos de desvíos de los recursos; cayó la calidad de los servicios a los que se podía acceder mediante ese instrumento y hubo un montón de infraestructura médica subutilizada, aseguró.

De acuerdo con el presidente López Obrador cuando inició su gobierno encontró que hay 300 hospitales abandonados.

El investigador del Departamento de estudios Sociopolíticos y Jurídicos de ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y quien junto con Laura Flamand es autor del libro Seguro popular y Federalismo en México, editado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2014, afirmó que es mentira que ese instrumento funcionaba perfectamente, como lo han afirmado algunos exsecretarios de Salud en los últimos días.

El doctor en Política Pública por la Universidad de Texas explicó que el Seguro Popular se planteó como un mecanismo de financiamiento a la salud, no como un mecanismo de provisión de servicios. Tenía como objetivo asegurar que la población no asalariada no tuviera que desembolsar grandes cantidades de dinero a la hora de enfrentar un padecimiento de salud.

Recordó que la provisión de servicios quedó a cargo de los sistemas estatales de salud, creados desde las décadas de los 80 y 90, con la descentralización de los servicios de salud.

El especialista opinó que la idea original del Seguro Popular era muy buena porque los estados que recibían más dinero eran los que más afiliados tenían, lo cual es sensato, porque antes de eso le canalizaban más recursos a las entidades que tenían más médicos y más hospitales, lo cual incrementaba la inequidad.

Destacó que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón se registró un gran crecimiento de la cobertura, pero ésta era de potencial de afiliados, es decir, la gente tenía su póliza, pero eso no significa cobertura efectiva.

En ese sentido destacó que el presidente Calderón presumió mucho que México había alcanzado la cobertura universal simplemente porque se afilió a un montón de personas al Seguro Popular, pero la atención realmente era de una calidad infame y sumamente desigual entre un estado y otro.

A esa situación se sumó el hecho de que comenzaron a registrarse varios casos de corrupción, mediante desvíos de recursos en los estados.

En opinión del experto, eso ocurrió debido al descuido total de esa política pública, particularmente en el sexenio anterior, a pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto prometió un esquema de universalización de la salud, lo cual nunca se cumplió.

Asimismo, de manera paralela, hubo una brutal decaída en la calidad de los servicios de salud, con un montón de infraestructura médica fantasma, pues se inauguraban hospitales y clínicas sin que realmente hubiera personal y equipo.

Ante esa situación, añadió, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llegó con un diagnostico bastante claro sobre las deficiencias del Seguro Popular y decidió quitarlo; no obstante, ha incurrido en una mala implementación del Insabi.

Destacó que se tuvo un año para ir preparando el cambio de política para atender ese problema público, que debió aprovecharse para explicarle a la gente en qué iba a consistir, pero no se hizo.

En su opinión, no se puede decir si el Seguro Popular era o no rescatable porque no se cuenta con la información para saberlo, pero, podría sugerirse que sí porque  el financiamiento a la afiliación estaba puesto en la Ley General de Salud y era  un mecanismo bastante transparente.

Ahora, con el Insabi, con la lógica del presupuesto centralizado que lo apuntala, podría correrse el riesgo de operar de manera bastante opaca, refirió.

Por otra parte, destacó que la descentralización de los servicios de salud generó bastante inequidad, pero la recentralización tampoco asegura que ese fenómeno desaparezca. “No hay bases, ni para negarlo, ni para afirmarlo”.

El gobierno busca control político a través de los servicios de salud: Éctor Ramírez Barba

A su vez el secretario de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Éctor Ramírez Barba expuso que lo preocupante de la implementación del Insabi es la centralización de los servicios de salud, lo cual es un desatino, además de que es financieramente insostenible, afirmó.

El también integrante de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados y quien ha sido dos veces secretario de salud de Guanajuato, dijo que la razón de fondo de esta decisión es que el gobierno quiere tener un control político a través de los servicios de salud.

En entrevista, dijo que, si este gobierno ha demostrado que no es capaz de operar una licitación pública, menos va a poder manejar todos los servicios de salud.

Además, desde el punto de vista de la operación de los servicios, no existe ningún fundamento para que el gobierno federal los controle, sobre todo los de primer nivel.  

De prosperar esa idea, agregó, los gobernadores tendrán que decirles a sus congresos que aprueben ceder a la federación tanto inmuebles, equipo, personal y todo lo necesario para prestar esos servicios, además de endosar presupuesto al Insabi.

Destacó que durante las últimas décadas México había avanzado en hacer responsables a los estados y municipios de entregar los servicios de salud, lo cual ahora simplemente se desecha.

Por ello, indicó que lo que está detrás de esta decisión solamente es una ideología, porque en lugar de hacer jurisdicciones sanitarias, pretenden hacer distritos sanitarios y tener un control político como lo hay en Cuba o Venezuela.

El legislador panista recalcó que lo que el gobierno federal está ofreciendo (atención para todas las enfermedades con todas las medicinas y atención gratuita) es financieramente insostenible, porque no hay espacio fiscal para obtener los recursos suficientes para sufragar todos los requerimientos.

Indicó que una prueba de ello es que anunciaron que echarán mano del Fondo de Gastos Catastróficos, de donde quitaron más de 40,000 millones de pesos, lo cual no fue una decisión correcta porque se van a dejar de atender a personas con enfermedades muy graves en servicios de tercer nivel.

En su opinión los 112,000 millones de pesos de presupuesto para este año del Insabi, no serán suficientes para cumplir con los compromisos públicos que le ha impuesto el presidente.

Miroslava Sánchez Galván: Se politizó la implementación

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván afirmó que la implementación del Insabi se ha politizado por quienes buscan sacar raja política.

Por ello, agregó, es necesario que el gobierno federal comunique claramente las implicaciones y todos los detalles de la eliminación del Seguro Popular y la política pública que lo sustituirá.

Expuso que cuando se legisló en la materia se sabía que el principal reto de esta nueva forma de atender a las personas que no cuentan seguro social es el financiamiento, por lo cual los legisladores propusieron que su puesta en marcha fuera progresiva.

El presupuesto para Salud es insuficiente, además, hay más de 80,000 trabajadores del sector con contratos precarios y la infraestructura hospitalaria está mal diseñada y es insuficiente, lo cual debe corregirse progresivamente, insistió.

Dijo que también es necesario comunicar correctamente que el Seguro Popular tuvo que eliminarse porque no cubría a todas las personas sin acceso a servicios de salud y el Insabi ahora atenderá a todos y en todos los niveles.

[email protected]

kg