El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 91 votos de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y PES y 18 de la bancada de MC, algunos panistas, priistas, perredistas y el legislador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, reformas al Artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos en los que deberá aplicar la prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con el decreto, el juez ordenará también la prisión preventiva oficiosamente en los casos de violación de menores, feminicidios, delitos electorales, robo de transporte de carga, robos a casa habitación, desaparición forzada de personas, delitos cometidos con armas de fuego de uso militar, robo de hidrocarburos y corrupción.

En los artículos transitorios se ordena al Congreso de la Unión hacer, en un lapso de 90 días, las adecuaciones necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos correspondientes las nuevas hipótesis delictivas.

Una vez que entre en vigor la reforma, los delitos en materia de corrupción, en especial los correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones aplicarán a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

La prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse a los cinco años de su vigencia para determinar la continuidad de su aplicación y se ejercerá conforme a lo que estable el Artículo 14 de la Carta Magna, que a la letra ordena:

“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

“En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho”.

El decreto justifica que la prisión preventiva oficiosa no es una medida punitiva, sino cautelar, la cual no se establece de manera arbitraria ni inmediata a la detención.

“Para que el juez proceda a ordenar la prisión preventiva oficiosa, ésta debe estar sujeta al auto de vinculación a proceso y esto sucede sólo si el Ministerio Público aporta elementos de convicción que, una vez analizados por el juzgador, se determinan como suficientes para presumir la probable comisión del delito por parte del imputado y con ello iniciar el proceso jurisdiccional en su contra. Esto dentro de las reglas del debido proceso penal acusatorio donde el Ministerio Público tiene la carga de la prueba”.

Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, Antonio Cruz Álvarez afirmó que la inclusión de delitos que ameritan prisión preventiva responde a una demanda social, respecto de la generalizada sensación de injusticia e impunidad en el país.

“La prisión preventiva oficiosa es una medida excepcional para determinados delitos que por su grave daño y creciente incidencia delictiva han generado un perjuicio del tejido social y han creado una crisis de seguridad pública. Los tipos delictivos que se incluyen en el párrafo segundo del Artículo 19 atentan de manera directa contra la libertad y la seguridad de las personas”, comentó.

El proyecto fue turnado a diputados para su análisis.

Delitos en los que aplicará también la prisión preventiva oficiosa:

  • Casos de abuso o violencia sexual contra menores de edad
  • Feminicidio
  • Uso de programas sociales con fines electorales
  • Corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones
  • Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades
  • Robo a casa habitación
  • Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
  • Delitos en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares
  • Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército