La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a empresas por irregularidades en contrataciones con el sector público por más de 1,400 millones de pesos, sólo durante esta administración.

“Estoy convencida (de) que el combate a la corrupción pasa por eliminar la concentración y el abuso de poder, así como terminar con la impunidad, hermana siamesa de la corrupción. Por eso, en lo que va de nuestra administración, la nueva SFP ha sancionado a 136 empresas, inhabilitado a más de una centena y establecido multas por más de 1,400 millones de pesos por irregularidades en procesos de contratación y de asignación de contratos de compras públicas”, dijo su titular, Irma Eréndira Sandoval.

La secretaria de Estado mencionó también, durante la inauguración del foro Combatir la Corrupción y las Prácticas Anticompetitivas: Responsabilidad Compartida entre Autoridades y Empresas, organizado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que en los últimos siete meses se ha iniciado “más del doble de las investigaciones que en los últimos 11 meses del año pasado”.

De acuerdo con el último informe de la SFP, a cargo entonces de Arely Gómez González, entre el 1 de septiembre del 2017 y el 30 de junio del 2018 se emitieron 366 resoluciones sobre irregularidades entre privados y contratos del sector público, de las cuales 164 fueron sancionatorias.

La cifra total de resoluciones, de acuerdo con el informe de labores de la SFP, significó 12.9% menos en comparación con un periodo anterior (del 1 de septiembre del 2016 al 30 de junio del 2017), cuando se emitieron 420.

Asimismo, la SFP informó que se aplicaron entre el 1 de septiembre del 2017 y el 30 de junio del año pasado multas a proveedores, licitantes y contratistas por 1,195 millones 500,000 pesos, lo que significó un aumento “de 1,128.9% respecto de los 97.2 millones impuestos entre el 1 de septiembre del 2016 y el 30 de junio del 2017”, según refirió la dependencia.

Este martes, por otra parte, Eréndira Sandoval hizo énfasis en las empresas que se coluden para incrementar precios de bienes y servicios, a las cuales se refirió como cárteles.

“La protección conduce a un mercado poco competitivo donde los cárteles buscan impedir la entrada de nuevos competidores en el mercado. El costo de esos privilegios, como es en la corrupción, lo pagamos todos los ciudadanos.

“En México, los precios en alimentos básicos, en medicinas, construcción y transporte, por ejemplo, son casi el doble de lo que serían si hubiera más competencia”.