En 25 meses, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador afilió a 8.2 millones de personas adultas mayores que reciben la llamada “pensión para el bienestar”, uno de los principales programas sociales impulsados por su administración.

El sector de las personas de 65 años y más ha sido uno de los más beneficiados por el gobierno federal. El 24 de junio, a raíz de la epidemia del Covid-19, el presidente ordenó entregar dos bimestres de pensión por adelantado a los 8.2 millones de adultos mayores que ha logrado afiliar su gobierno, así como a 744,000 niñas y niños con discapacidad. En total se dispersaron 46,000 millones de pesos.

Mediante una respuesta a una solicitud de información con folio 0002000153120, la Secretaría del Bienestar reveló que en el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores están inscritos 8 millones 292,778 personas.

La mayor parte de ellos habitan en el Estado de México (876,861 personas); la Ciudad de México (858,395); Veracruz (683,658); Jalisco (531,165); Puebla (417,892); Guanajuato (380,706); Michoacán (362,965); Oaxaca (349,543); Nuevo León (322,216); Chiapas (312,933); y Guerrero (264,264), entre otras entidades.

El programa apoya de manera universal —con 1,275 pesos mensuales que se entregan bimestralmente— a mujeres y hombres mayores de 68 años en todo el país, aunque quienes habitan en zonas indígenas el apoyo es a partir de los 65 años.

De los 8.2 millones de afiliados, la mayoría, 4.5 millones, son mujeres.

Dentro del padrón de beneficiarios hay un estimado, por otra parte, de 800,000 personas indígenas.

Por edad, el grupo más numeroso de afiliados es el que se encuentra entre los 71 y 80 años, con un millón 948,841 registros. Le siguen los que se encuentran entre los 81 y 90 años con 791,448 afiliaciones.

Un adulto mayor puede registrar a un auxiliar, que puede ser un familiar o persona de confianza, que queda registrado ante el programa si un día el adulto mayor por alguna circunstancia no puede salir a cobrar.

No obstante, esta prerrogativa no ha sido respetada como documentó El Economista en abril pasado en Atizapán, Estado de México, en donde adultos mayores se vieron obligados a salir en el inicio de la epidemia para recoger de manera personal los pagos adelantados.

[email protected]