Durante los últimos nueve años, la Procuraduría General de la República ha recibido 4,593 denuncias en contra de sus funcionarios, por diversos hechos ilícitos, como abuso de autoridad, cohecho, colusión con servidores públicos, narcotráfico y delincuencia organizada, entre otros.

Así lo revela el oficio SJAI/DGAJ/04184/2016, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la PGR, donde se refiere que de ese número de denuncias recibidas del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2015, en 3,982 casos se inició averiguación previa y en 521 casos, sólo un acta circunstanciada.

Uno de los casos más conocidos sobre la corrupción denunciada en el interior de la Procuraduría General de la República se conoció en enero pasado, cuando se informó la consignación de Érika León Rodríguez, directora general adjunta de la Unidad Antilavado de la SEIDO; Carlos Abraham Moncada Bermúdez, fiscal; y Porfirio Francisco Hernández, policía federal, acusados de extorsionar al empresario Héctor Galicia, a quien exigieron hasta 2 millones de pesos por su libertad.

La extorsión de estos funcionarios al empresario de venta de autos ocurrió el 2 de octubre del 2015, cuando Héctor Galicia fue abordado afuera de su oficina, por cuatro sujetos que se identificaron como efectivos de la Policía Federal Ministerial de la PGR.

Al tomarlo en custodia y durante el traslado, los elementos policiales solicitaron al empresario 500,000 pesos para desaparecer el expediente de investigación que supuestamente tenían en su contra. Ya en las instalaciones de la SEIDO, fueron recibidos en la puerta de acceso vehicular Érika León Rodríguez, quien condujo al empresario a sus oficinas, donde lo amenazó con diversas frases sobre su posible consignación e internamiento en un penal federal por operación de recursos de procedencia ilícita.

En tanto, el pasado 5 de abril se informó también la detención de Marco Antonio Gómez Hernández, agente del Ministerio Público Federal adscrito al estado de México, por el delito de peculado, pues se le acusa de desviar para uso propio 764,700 pesos que le fueron entregados por distintos inculpados y sus abogados como parte de diversas indagatorias que tenía a su cargo.

En otro caso, en octubre del 2015, la PGR informó de 10 órdenes de aprehensión en contra de igual número de agentes de esa dependencia que sembraron un arma al abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez.

En ese marco, el oficio de la PGR revela que las 4,593 denuncias recibidas en los últimos nueve años en contra de sus funcionarios, son por delitos como abuso de autoridad, abuso de confianza, extorsión, abuso sexual, acceso ilícito a sistemas y equipos de informática; allanamiento de morada; amenazas; asociación delictuosa; coalición de servidores públicos; cohecho; contra la salud; daño en propiedad ajena; delincuencia organizada; evasión de presos; encubrimiento; defraudación fiscal; fraude, homicidio; intimidación; peculado, secuestro, tortura y lesiones, entre otros.

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