A un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay una estrategia de seguridad que vaya contra el crimen de manera directa ni indirecta, advirtió la organización civil, Causa en Común.

Durante la presentación del informe ¿Cómo vamos en Seguridad Pública en el primer año del nuevo gobierno?, María Elena Morera, presidenta de la organización criticó las acciones implementadas en la materia por el gobierno federal al aseverar que han sido inadecuadas, fallidas e inconsistentes.

Señaló que los errores en materia de seguridad se han visto reflejados en que el 2019 será el año más violento en la historia de México, al tiempo que la seguridad se militarizó y se debilitaron a las instituciones de seguridad pública, pues el presupuesto en seguridad es insuficiente.

Morera detalló que los delitos de alto impacto han registrado un aumento en los primeros meses del actual gobierno. Tan sólo en el periodo de diciembre 2018 a octubre 2019, se registraron: 32,565 víctimas de homicidio; 933 de feminicidio; 1,564 de secuestro y 7,915 de extorsión, todos con un porcentaje al alza del 3%, 17%, 13% y 35%, respectivamente.

“Diariamente se comenten en el país 99 asesinatos, tres feminicidios, cinco secuestros y 24 extorsiones por lo que, si la tendencia de homicidios continúa, el año cerrará con 31 homicidios por cada 100,000 habitantes y un promedio diario de 110 asesinatos”, dijo.

Explicó que la crisis de violencia que vive el país se ve agravada por la falta de denuncia formal, de seguimiento a los delitos y de impartición de justicia. “los delitos que no se denuncian ni se investigan, conocidos como cifra negra, alcanzan el 93% en promedio a nivel nacional, pero en casos como las extorsiones la cifra negra es del 97.9%”, señaló.

Asimismo, dijo, hubo modificaciones legales, como el ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva y las reformas en materia de extinción de dominio, que afectan los derechos humanos, además de que no existe una auténtica atención a víctimas.

La presidenta de la organización enfatizó la preocupación de la militarización de los cuerpos de seguridad ante la creación de la Guardia Nacional, ya que poner a la Secretaría de la Defensa Nacional al frente de la seguridad pública, implica un debilitamiento de los cuerpos de policía local, a los que también se les doto de un presupuesto insuficiente, lo cual dificulta su profesionalización y desarrollo, además de una militarización de los cuerpos de protección ciudadana en todo el país.

Por otro lado, se advirtió que se desconocen los criterios de despliegue y operación de la Guardia Nacional aunado a que sus labores “van desde atender delitos de alto impacto hasta cuidar niños cuando regresan a clases. Ese rango tan variable de responsabilidades da a entender que su función está más orientada por criterios políticos que técnicos”.

Además, el número de elementos que integran la Guardia Nacional no es preciso, pues los datos dados por el presidente no coinciden con las que Causa en Común ha solicitado a las dependencias.

Existen “deficiencia de comunicación en torno a la seguridad”, indicó Morera al detallar que Causa en Común analizó 140 preguntas realizadas al presidente durante sus conferencias matutinas, cuestionamientos que se verificaron a través de 90 solicitudes de información.

Por lo que se concluyó que 118 de las respuestas (84.3%) no permiten verificar la información proporcionada por el presidente y otros funcionarios, pues las instituciones dicen no contar con la información que se les solicita o se declaran incompetentes para responder.

“No se enfrente al crimen organizado y existen fallas en el gabinete de seguridad, pues hay comunicación omisa, inconsistente e inexacta. Urge cambiar lo que a todas las luces no ha funcionado durante este año”, concluyó María Elena Morera.