México destina el equivalente a 5.8% de su Producto Interno Bruto (PIB) a Salud, pero, para llegar a la cobertura universal, como se pretende alcanzar con la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), necesitaría gastar entre 8 y 9%, afirmó Laura Flamand Gómez, experta en análisis y evaluación de políticas sociales de salud.

En entrevista, Flamand afirmó que la eliminación del Seguro Popular y su sustitución por el Insabi resulta una propuesta arriesgada porque, a la letra (lo prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador), todos los servicios y medicamentos serán gratuitos, sin que haya claridad de que se vayan a canalizar los recursos necesarios para hacer frente a ese compromiso.

Recordó que en los últimos tres años del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y en los dos primeros de López Obrador bajó en términos reales la cantidad de recursos que se destinan al sector. Incluso México gasta poco comparado con países de la OCDE y de algunos de América Latina como Brasil, que dispone el equivalente a 9.7 de su PIB y Chile y Argentina que gastan 7 por ciento.

Esa situación coloca al país en una situación muy vulnerable en la materia, ya que se refleja en la falta de infraestructura, equipo y recursos humanos, destacó la experta.

La investigadora de El Colegio de México opinó que es valiosa la idea de la nación logre un sistema universal de salud, como lo ofreció el presidente López Obrador desde su toma de posesión, lo que supone que todos los servicios de salud y medicinas estén disponibles para toda la población y que se paguen con impuestos generales.

En ese sentido, Laura Flamand Gómez expuso que el ahora desaparecido Seguro Popular se asumió como un espacio intermedio para construir un sistema universal, pero mantenía una fragmentación, pues estaban separados los servicios de salud del IMSS, el ISSSTE, Pemex, Defensa y Marina.

Subrayó que, si bien es cierto que hubo abusos financieros en algunas entidades, lo cual lo documentó ya la Auditoría Superior de la Federación, la gran ventaja que tenía ese esquema era que había transparencia en las transferencias de recursos del gobierno federal a las entidades. Los estados recibían una cápita de alrededor de 2,800 pesos por persona afiliada. Se formaba una bolsa con dos terceras partes de dinero federal y una tercera parte de dinero estatal.

“Los sistemas estatales estaban contribuyendo con el Seguro Popular con aproximadamente 30,000 millones de pesos al año y lo hacían porque estaban obligados a una dar una aportación solidaria estatal”, dijo Flamand.

La experta dijo que con el cambio de política pública, lo que tenemos es un Insabi que no parece que vaya a conducir al país a un sistema universal, o al menos no se ha explicado con claridad cómo se lograría. Además, uno de sus primeros retos es lograr la sustentabilidad financiera y, luego, un plan a mediano y largo plazo para aumentar el gasto en salud que permita llegar a un sistema universal.

Por otra parte llamó la atención en que es muy importante tomar en cuenta que el sistema Insabi arrancará con una heterogeneidad de los servicios de salud debido a las diferencias en la cobertura y calidad de los servicios de una entidad a otra.

Laura Flamand y Carlos Moreno Jaimes son autores del libro “Seguro popular y Federalismo en México. Un análisis de política pública”, editado en 2014 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

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kg