El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, reconoció que si bien México ha mejorado en los estudios tanto nacionales como internacionales en materia de combate a la corrupción, en los últimos años, no hay evidencia clara de que ello se deba a las políticas públicas implementadas.

No hay una nítida correlación entre el esfuerzo gubernamental y los resultados obtenidos”, dijo al participar en el 10° Seminario Internacional Corrupción y Política en América Latina: Pesos sin Contrapesos, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Durante la conferencia que ofreció titulada “Retos del combate a la corrupción en México”, Salcedo Aquino indicó que en estudios como el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, el país ha mejorado 14 posiciones entre el 2020 y este 2021.

A nivel nacional, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) destacó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que en los resultados para 2020 indicó que la tasa de víctimas de actos de corrupción por cada 10,000 empresas se redujo de 561 a 510.

En este contexto, el funcionario federal dijo que es necesario medir cada uno de los conceptos concretos de la corrupción, incluso dimensionar la eficacia de las medidas de control y de detección para reducir cada una de las modalidades del fenómeno.

Recursos para 2022

A su vez, Salcedo destacó que para el 2022 el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) del Presupuesto de Egresos de la Federación prevé que el monto total destinado para el combate a la corrupción y la impunidad será 3,532 millones de pesos; un 6.52% más que el año pasado.

“Con ello, se garantiza el gasto en rubros que buscan reducir las desigualdades, detonar el bienestar y mantener la estabilidad social”, expuso.

Sobre el ATA, el servidor público refirió que desde que se comenzó a publica, en el 2018, ha proporcionado elementos a la ciudadanía para evaluar el gasto anticorrupción.