La disculpa que emitirá el gobierno federal hacia Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González, mujeres de la etnia hñähñú, no resarce el daño, consideró el abogado defensor de las mujeres indígenas y colaborador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Luis Tapia Olivares.

En el 2006, las tres mujeres otomíes fueron condenadas a 21 años de prisión, por el supuesto secuestro de seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).

Ninguna medida de reparación del daño tiene la capacidad para regresar la situación a como estaba antes de la detención , dijo Tapia Olivares, quien agregó que no se pueden borrar los efectos que dejaron en las tres mujeres los hechos suscitados.

El jurista indicó que actualmente las mujeres otomíes se encuentran en su comunidad y están a la espera de viajar a la Ciudad de México para el evento (el 21 de febrero), en el cual se espera, además de la disculpa pública, se declare formalmente su inocencia.

Lo que sigue en realidad es eso, es el evento, la disculpa pública donde estarán ellas, donde estará la Procuraduría General de la República (PGR), tal vez ese mismo día sea de su inocencia y nada más .

Respecto de la posibilidad de alguna indemnización monetaria, Tapia Olivares respondió que por el momento no es algo relevante que queramos informar, sobre todo para evitar alguna agresión contra ellas y decir que la sentencia sí ordena una indemnización económica (no se divulgará) porque sabemos lo que implica en este país (...) El propio Tribunal es el que lo ordenó por la propia seguridad de ellas .

El defensor de las tres mujeres otomíes expresó que los abusos por parte de las autoridades lastiman aun más a personas que por su origen son vulnerables, aunque desde entonces se han tomado algunas medidas al respecto .

Expuso, a su vez, la necesidad de generar políticas que garanticen que ante cualquier situación se respeten los derechos humanos de cualquier individuo, al tiempo que, dijo, lo ocurrido con Jacinta, Alberta y Teresa, deja un antecedente en la reivindicación de este tipo de abusos a los derechos humanos.

Condenadas a 21 años?de cárcel

El 3 de agosto del 2006, hace más de 10 años, el Ministerio Público las acusó de secuestrar a seis agentes de seguridad de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y las condenó a 21 años de prisión y a pagar una multa de 91,000 pesos.

Después de un operativo realizado por los agentes de seguridad en un mercado ambulante de Santiago Mezquititlan, en Querétaro, que se llevó a cabo para decomisar mercancía pirata, las mujeres indígenas fueron remitidas.

En la comparecencia ante las autoridades, las mujeres carecieron de algún traductor que pudiera indicarles qué era lo que estaba pasando; sin embargo, este hecho fue pasado por alto, además de que los agentes, que supuestamente habían sido secuestrados por ellas, nunca las identificaron.

Estas deficiencias en el proceso, entre otras como la fabricación de pruebas, sería lo que pondría en libertad en principio a Jacinta, aunque con las otras dos mujeres la PGR interpuso un recurso de revisión, su postura cambió poco después.

En mayo del 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dio la razón a Jacinta, Alberta y Teresa, y resolvió que se les debería de indemnizar.

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