Gobierno federal, omiso en casos de desplazamiento forzado interno, reclaman activistas y víctimas

El desplazamiento forzado interno en México es una realidad desatendida por el Estado y el Congreso, sin importar que en las últimas dos décadas se ha generado un desplazamiento masivo silencioso que se disfraza de migración, reclamaron activistas y víctimas de esta violencia.

Al participar en el foro “Los retos del desplazamiento forzado interno en México”, organizado por la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación de la Cámara de Diputados, las y los expertos también instaron al Senado de la República a destrabar la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que fue aprobada en San Lázaro desde hace más de dos años.

María de los Ángeles Haces Velasco, subcoordinadora de análisis para el diseño de políticas públicas y estrategias de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, lamentó que ante la falta de ley, no hay una reglamentación que ayude a generar una cifra exacta de las víctimas de desplazamiento forzado interno en México.

Aunque, señaló, que de acuerdo con estimaciones, en 2022 habían 386 mil personas víctimas de posible desplazamiento, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que existen 262,411 personas en contextos de movilidad delictiva o de violencia.

En este contexto, Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” y víctima de desplazamiento, criticó que la actual administración no ha buscado los mecanismos para atender los desplazamientos, pese a que en diversas ocasiones se han plantado a las afueras de Palacio Nacional.

Asimismo, explicó que en el caso de los desplazados del estado de Guerrero, no existen condiciones para su retorno, ya que cuando lo intentan son agredidos por el crimen organizado.

“Tus tierras que trabajaste están en manos de personas criminales, entonces lo único que te queda es vivir por vivir, porque tus esperanzas han quedado atrás”, subrayó.

En tanto, Horacio Santiago Díaz, integrante de la Dirección Política del Movimiento Indígena por la Unificación y Lucha Independiente, dijo que de la década de los 80 a la fecha se ha generado un desplazamiento masivo silencioso que se disfraza de migración; no obstante, fueron obligados a dejar sus tierras por la violencia y las amenazas. Propuso que la Federación asuma el tema, al ser un efecto de la omisión del Estado para garantizar la seguridad de la población.

Por su parte, Daniel Alejandro Márquez Bocanegra, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., mencionó que entre las necesidades de las personas desplazadas existe el acceso a una vida digna, servicios básicos, personalidad jurídica, protección a la vivienda, seguridad alimentaria y personal. Planteó que la ley en la materia debe tomar en cuenta las complejidades del tema.

Raúl Romo Viramontes, del Consejo Nacional de Población (Conapo), consideró que el gobierno se ha quedado corto ante un problema complejo y multidimensional, y ante un panorama de falta de la ley. Agregó que, a pesar del diagnóstico que realizaron y publicaron sobre el desplazamiento en México, la ley sigue sin aprobarse, por lo que es el principal reto a cumplir, aunado a que haya el dinero que se requiere, pues “¿de qué sirve una ley sin dientes?”.

Ramón Martínez Coria, presidente del Consejo Directivo del Foro para el Desarrollo Sustentable A.C, expuso que todo desplazamiento forzado conlleva un etnocidio, al exterminar sus formas bioculturales, pues en México, de las 70 lenguas que existen, por desplazamiento forzado van a desaparecer al menos 40 lenguas vivas en la siguiente generación. “Esta administración ha sido ingrata con la sociedad civil defensora de derechos; necesitamos esa ley y voluntad para asignarle recursos”.