Del 2006 al año pasado, 16,685 armas se han perdido o fueron robadas a autoridades de los tres niveles de gobierno de México, dio a conocer la Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos.

Durante el foro virtual “Comercio mortal: cómo las exportaciones de armas europeas e israelíes están acelerando la violencia en México”, Daniel Mata, investigador de esta organización, presentó parte de un informe, que será publicado el 9 de diciembre, sobre el papel de las armas en la seguridad de nuestro país.

En su intervención, Mata señaló que tras realizar diversas solicitudes de transparencia a 21 de las 32 fiscalías, se documentó que el almacenaje y gestión de armas se hace con poca transparencia.

Aunque de las más de 16,000 armas extraviadas o perdidas no se especificó el número preciso que correspondió a nivel federal y local, sí se indicaron las instituciones que encabezan los faltantes.

A nivel federal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la extinta Policía Federal fueron las instituciones que más armas perdieron o les fueron robadas entre 2006 y 2019.

Mientras que, a nivel local, instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, así como las secretarías de seguridad de los estados de Guerrero, Chihuahua y Veracruz, encabezaron la lista.

Según el avance del informe, la mayoría de las armas se dejaron olvidadas en espacios públicos o fueron robadas a policías fuera de servicio, “sin saber realmente dónde terminaron debido a la dificultad de encontrar la información y la falta de transparencia, pues a veces las autoridades afirman no tener registro sobre el tema de pérdida y recuperación de armas de fuego”, expresó el investigador de la ONG.

Aunado a lo anterior, también se advirtió que en México existe evidencia del mal uso de la fuerza con armas de fuego que se encuentran en manos de autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno.

Ya que, del 2006 al 2019, se iniciaron 104 investigaciones por homicidio doloso cometido por servidores públicos e, incluso, la FGR ha reportado que al menos 88 servidores se encuentran bajo proceso por dicho delito, además de que se han consignado a otros 27.

A nivel local, en el mismo periodo, se iniciaron 709 investigaciones por homicidio doloso en donde se sospecha que los autores intelectuales son servidores públicos.

maritza.perez@eleconomista.mx